7 abril

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 1960 el 55 % de la población costarricense tenía menos de 20 años de edad. El grupo de 65 y más equivalía a un 3,5 %. Para el 2035, el INEC calcula que esas proporciones serán un 25 % y un 16 %, respectivamente, y en el año 2060 los mayores de 65 años superarán en número a los menores de 20. En efecto, para entonces, la proporción de personas de 65 años y más constituirá un 25 % de la población, en cambio la de menos de 20 representará alrededor del 22 %.

Con el aumento proyectado en la población mayor, el número de jubilados también crecerá en términos absolutos y relativos, lo cual modificará la relación entre cotizantes al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social y los jubilados. Según un estudio de la Contraloría General de la República, en el 2017 la relación fue de 6,5 cotizantes por cada jubilado, pero para el 2035 caería a 3,4. Como el IVM es básicamente un régimen de reparto, no de reserva, la solvencia en el tiempo depende de un ajuste en la edad de retiro, las cotizaciones y el monto de los beneficios (“IVM al borde de crisis por caída en la cantidad de cotizantes”, La Nación, 4/3/2019)

Lo anterior tiene enormes implicaciones para la política pública. Por un lado, la composición del gasto social financiado con cargo al presupuesto de la República deberá cambiar, pues habrá menos requerimientos de educación primaria y secundaria y más de apoyo para la población mayor. La composición de los gastos médicos también tiende a variar cuando la proporción de personas de mayor edad sube. Los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional deberán reformularse a fin de ofrecer pensiones mínimas a una mayor cantidad de gente, en vez de pensiones de lujo a un grupo privilegiado. La proporción de votantes mayores será significativamente más alta y, probablemente, se inclinen por candidatos y partidos políticos que favorezcan esa reasignación del gasto público.

Recién informamos sobre muchos adultos mayores sumidos en la pobreza y que no han encontrado cupo en la red de cuido nacional, que opera varios programas de atención a este grupo etario (“7.000 adultos mayores pobres esperan un cupo en red de cuido”, La Nación, 1/4/19). El costo de atención es, por el momento, relativamente bajo: unos ¢43.000 mensuales, en promedio, aunque el ideal, según personas cercanas a los programas, es gastar alrededor de ¢98.000 por persona.

Dado el tamaño de la economía costarricense —medida por el producto interno bruto (PIB)—, lo anterior sugiere que con solo un 1 % del PIB (equivalente a unos ¢350.000 millones anuales) debidamente focalizados a atender necesidades financieras de los adultos mayores y de otros ciudadanos pobres, se socorrería solidariamente a unas 300.000 personas. Lo anterior constituiría un gran logro social, pues se calcula que en el país 131.000 adultos mayores son pobres.

Por comparación, conviene tener presente que en la actualidad los pagos de intereses sobre la deuda del Gobierno Central consumen alrededor del 4 % del PIB, proporción tendiente a subir si no se consigue bajar el déficit fiscal y detener el mayor endeudamiento público aparejado con el faltante. Aunque, como anticipa el INEC, la relación de dependencia tienda a bajar en el futuro, la proporción de adultos mayores ciertamente aumentará.

Existen muchas necesidades sociales insatisfechas en el país y el gobierno podría desempeñar un papel activo para enfrentarlas. Para lograrlo es necesario revisar y reasignar el gasto público y terminar de hacer el ajuste fiscal necesario para detener el crecimiento y costo del endeudamiento del Gobierno Central. El ajuste también debe asegurar el mantenimiento del estímulo al quehacer de la empresa privada y a la reactivación económica, lo cual coadyuvará a la reducción del desempleo y la pobreza. Además, tendrá un impacto positivo en la recaudación fiscal.