Nada perdió Costa Rica en su frustrado intento por ocupar uno de los 47 puestos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Mucho perdió, en cambio, el propio Consejo al elegir a Venezuela para representar a América Latina y el Caribe. Está fresca la tinta del informe de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet sobre la barbarie del régimen de Nicolás Maduro. La violación de los derechos fundamentales en el país suramericano sigue siendo cosa de todos los días.
La elección de Venezuela por 105 votos contra 96 no servirá de disimulo a la dictadura ni empañará el ejemplar historial costarricense. La paradójica victoria de un país alejado del respeto a los derechos humanos no es novedad. Más bien, se trata de una constante. Nunca ha dejado de haber amplia representación de las dictaduras en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
No obstante, Costa Rica hizo bien al erguirse frente a las aspiraciones del régimen chavista. Peor que la victoria de Venezuela, habría sido una elección sin cuestionamiento o una designación a falta de alternativas decentes. Nuestro país proveyó ambas: una candidatura meritoria y una protesta contra el cinismo de Maduro y sus aliados.
La votación secreta posibilita respaldar aspiraciones infundadas y contradictorias, como las de Venezuela, sin pasar por la vergüenza pública. Pero también habría sido vergonzoso callar y permitir el nombramiento sin recordarle al mundo los abusos de un régimen ensangrentado.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la propia Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió su último informe hace apenas cinco semanas. El documento atribuye la comisión de ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela, apoyadas por funcionarios de alto rango, y señala la violación de los derechos humanos de “millones de personas”.
En julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 ejecuciones cometidas por miembros de las FAES en Caracas, precisó el informe, que también documentó “tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, a personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.
El chavismo no tardó en contraatacar por boca de Diosdado Cabello, segundo al mando. Bachelet fue acusada de “ensañamiento” contra Venezuela, y sus denuncias, desestimadas: “Lo que diga la señora Bachelet (...) no nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear para nada”, afirmó Cabello, presidente de la espuria Asamblea Constituyente, convocada para arrebatar a los venezolanos la decisión soberana de integrar un poder legislativo con mayoría opositora.
Sin embargo, la mayor ironía es que Bachelet leyó su informe durante la 42.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra el 9 de setiembre. Ahora, 105 países respaldan la integración del régimen denunciado al Concejo donde aún resuena el discurso de la ex presidenta chilena.
Semejantes contradicciones nacen de la naturaleza misma de la ONU. Para ser útil, la entidad debe albergar a los gobiernos constituidos en todos los países y, desafortunadamente, no vivimos en un mundo donde la democracia y el respeto a los derechos humanos sean la norma. Precisamente por eso, las naciones comprometidas con los más altos valores están obligadas a poner de relieve las contradicciones y ofrecer mejores posibilidades. Eso hizo Costa Rica y en eso consiste su victoria.
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