Editorial: El obstáculo de las expropiaciones

El trabajo debió concluir en octubre del 2020, pero las autoridades ya han concedido dos prórrogas. No obstante, la ampliación requiere 569 expropiaciones y solo se han hecho 135. Es iluso creer en la conclusión de las 434 restantes a tiempo para terminar la obra contratada con China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC).

La constructora tiene permiso de ingresar en 308 terrenos por buena voluntad de los dueños, dispuestos a autorizarlo mientras concluye el proceso, pero, aun así, faltan 126.

La construcción se inició hace cuatro años y ocho meses. No obstante, los planos están listos desde mucho antes. En el primer momento, el trazado permitió prever las necesidades de expropiación, pero, a siete meses de la fecha prevista para terminar los trabajos, solo se ha logrado el 24%.

La mayor parte de los terrenos pendientes de expropiación son necesarios para completar intercambios, pasos peatonales y puentes, todos elementos previstos de la obra.

La tardanza no se explica por los recientes hallazgos del Programa Estado de la Justicia sobre la lentitud de los trámites necesarios para expropiar. En promedio, entre la declaratoria del interés público en una propiedad hasta el dictado de la sentencia por el Juzgado Contencioso-Administrativo pasan 565 días hábiles.

Si en el caso de la carretera a Limón los procedimientos de expropiación se hubieran iniciado al momento de comenzar la construcción, el Estado debería estar en posesión de las tierras desde hace mucho tiempo.

Si la tardanza fuera el doble del promedio calculado por los investigadores del Estado de la Justicia, los terrenos también estarían disponibles para desarrollar la ampliación de la vía, sin mencionar el mínimo de previsión necesario para ejecutar las expropiaciones a partir del proyecto aprobado, antes de comenzar el trabajo en el terreno. Al parecer, hay una etapa previa a la declaratoria de interés público donde la planificación falla.

El caso de la vía a Limón ilustra otros hallazgos del Estado de la Justicia. Los procesos de expropiación se inician en sede administrativa pero se elevan al Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda cuando el propietario rechaza el avalúo o existen derechos de terceros sobre el bien expropiado. No obstante, la judicialización del proceso apenas explica la mitad de la duración promedio. Los tribunales no son ágiles, pero el Ejecutivo les compite en parsimonia.

De los 224 expedientes de la carretera a Limón radicados en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 107 están varados en el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, 44 en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 58 en la Dirección Jurídica y 15 en el despacho del ministro. Cuando superen el laberinto interno del MOPT, todavía faltará, en muchos casos, el camino judicial.

Es en los despachos del Poder Ejecutivo —sobra decirlo— donde se puede y debe prever las necesidades de la obra. Quizá por eso las reformas legales impulsadas para abreviar las expropiaciones no han rendido los frutos esperados.

En muchos casos, las enmiendas procuran agilizar el trámite judicial, cuando una proporción relevante del problema está en otra parte. El desarrollo de obra pública exige prontitud en ambas sedes, y las enmiendas practicadas con el fin de agilizarlo no pueden perder de vista a ninguna de las dos.