Editorial: Castigo a la Universidad

Unos ciento veinte mil ciudadanos esperaban una respuesta que el Ejecutivo no fue capaz de darles. Ojalá el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) hubiera actuado con la misma diligencia para enfrentar la situación en el momento mismo de conocerla, pero demoraron la reacción, al punto de merecer censura de la propia presidencia, que pidió la renuncia al jerarca de la institución.

Pero la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, exigía enterarse primero del tipo de contaminación encontrada y acusa a la UCR de “politiquería” por dar a conocer la información en cuanto la supo. Para enfatizar su disgusto, anunció la revisión de todo futuro convenio o alianza con el centro de estudios porque, según su criterio, la politiquería se coló en la UCR.

Es decir, el injustificado enojo se hace acompañar de una advertencia de castigo. Esa retribución, debemos entender, se haría con acuerdos interinstitucionales de interés público, porque no hay convenios o alianzas privados entre la UCR y las instituciones sobre las cuales podría ejercer influencia la funcionaria.

El rector de la casa de estudios, Gustavo Gutiérrez Espeleta, calificó la reacción de Munive de “ofensiva y lamentable” durante la sesión del Consejo Universitario celebrada el martes. Tiene toda la razón y la Universidad no debe ceder un ápice. Por el contrario, debe estar presta a denunciar cualquier represalia o amenaza vinculada con el libre ejercicio de sus actividades de investigación.

Varias unidades académicas producen estudios que, por su naturaleza, pueden resultar polémicos, desde encuestas de opinión hasta proyecciones económicas, pasando por toda la gama de asuntos sociales. También, como en este caso, hay productos científicos con resultados potencialmente polémicos. Basta con pensar en la investigación relacionada con políticas ambientales o energéticas, para citar solo dos.

La investigación y divulgación del conocimiento debe ser libérrima, sobre todo cuando existe una afectación de los ciudadanos asistidos por su derecho a saber. “Politiquear” es arrogarse la potestad de decidir cuándo, cómo y qué se informa a la población en un caso como el del agua contaminada.

Como bien dijo Gutiérrez, cuando la salud está de por medio, la comunicación debe ser inmediata. Desafortunadamente, no hay certeza de que el Poder Ejecutivo lo comprenda, pero la ciudadanía tiene derecho a exigírselo. Con sobrada razón está facultada para demandárselo, también, a la Universidad.

La excepción no es inconcebible. Podría darse el caso de una pausa necesaria para evitar males mayores y limitar la alarma pública. Este no fue el caso excepcional. Pasaron varios días desde la detección de la contaminación y la Universidad solo estaba identificando la sustancia contaminante. La única consecuencia del comunicado fue proveer al país, y en especial a los afectados, una explicación necesaria.

La vicepresidenta Munive ya se ha manifestado dispuesta a ejercer el poder del Ejecutivo como reprimenda por conductas contrarias a los propósitos gubernamentales. Otra institución con autonomía, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), también recibió una advertencia sobre la construcción del hospital de Cartago en un lote objetado por el gobierno.

La decisión corresponde a la CCSS en ejercicio de su autonomía, pero la ministra esgrime la posibilidad de negar al nuevo centro médico la habilitación para funcionar. Si la Directiva de la Caja se decide por el terreno rechazado por el Ejecutivo, “tendrá que asumir las consecuencias” y una de ellas es la denegatoria de la habilitación.

“Ellos tienen comprado ese terreno, pero si construyen fuera de las indicaciones del Ministerio de Salud, adivine quién habilita los establecimientos de salud en el país: el Ministerio de Salud”, declaró la funcionaria y, añadió, la habilitación sería denegada “desgraciadamente”.