Las tendencias autoritarias manifestadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desde inicios de su presidencia, se exacerbaron de manera alarmante a partir de marzo y han derivado en ataques directos contra los derechos humanos, la separación de poderes, el debido proceso y las libertades públicas de los ciudadanos. De ahí a la imposición de una dictadura, el camino puede ser muy corto. Por esto, no solo se impone que las instituciones y sectores democráticos salvadoreños enfrenten la peligrosa tendencia con vigor, también es necesario que la comunidad internacional se movilice preventivamente.
La excusa de Bukele para su arremetida antidemocrática ha sido el coronavirus. Sin duda, todo gobierno está no solo en el derecho, sino en la obligación de tomar medidas para evitar el contagio y proteger a su población. Pero bajo ninguna circunstancia es aceptable violar de manera flagrante los derechos de las personas, sus garantías constitucionales y la autonomía de los otros poderes. Bien lo dijo el 6 de marzo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet: “Los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del covid-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional y ponderada al riesgo en que se incurre”.
En El Salvador, ha sucedido todo lo contrario. Sin base legal alguna, y sin tener una estrategia sanitaria clara, el Ejecutivo ha confinado a casi mil personas en “centros de contención”, donde pueden permanecer hasta un mes en precarias condiciones sanitarias; así, al cercenamiento arbitrario de su libertad se suma el riesgo de infección. Se ha impedido el ingreso de 4.000 ciudadanos salvadoreños que están en el exterior y desean regresar a su país. Más aún, también, sin ley que lo respalde, el presidente ordenó a los cuerpos de seguridad que capturen, retengan sin intervención judicial o envíen a centros de confinamiento a quienes violen la orden ejecutiva de cuarentena domiciliaria.
En tres resoluciones emitidas entre el 26 de marzo y el 15 de abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó el respeto a los derechos humanos. Desde la primera de ellas, determinó que ni la Constitución ni las leyes permitían detener en esos centros a personas por haber incumplido la cuarentena y que un decreto no podía servir como legitimación válida. Lejos de acatar la sentencia, Bukele tuiteó que había ordenado a policías y militares “endurecer” esas medidas. En la segunda resolución, los magistrados dijeron, explícitamente, que el presidente, la Policía, las Fuerzas Armadas y toda otra autoridad tenían constitucionalmente prohibido proceder de esa forma. Nuevamente, Bukele insistió y amenazó con confinamientos aún más prolongados que los actuales.
Con respecto a esos reiterados desacatos, que violan de manera inaceptable la separación de poderes, la Sala emitió su más reciente resolución, donde ordena la aplicación de las dos anteriores. Pero de nada han servido sus pronunciamientos. El presidente, quien en referencia a los magistrados manifestó que “cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, no solo se mantiene en su oposición, sino que ha endurecido su retórica. A esto se añaden amenazas constantes, mediante las redes sociales, a los periodistas independientes y a quienquiera que critique las medidas, y un total desdén por los partidos políticos y otras instituciones.
El conjunto de declaraciones, acciones arbitrarias y violaciones del Estado de derecho no son amenazas, sino ataques directos contra la democracia. Con toda razón los han denunciado la alta comisionada Bachelet, la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch y el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados. Sorprende, sin embargo, que hasta el momento la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha permanecido pasiva. Es hora de que cambie esta actitud y que se contemple, incluso, invocar la Carta Democrática Interamericana. Demasiado se ha retrasado, pero aún es tiempo para actuar preventivamente y, junto con otros sectores nacionales e internacionales, evitar que El Salvador se precipite, de manera irreversible, hacia alguna forma de dictadura.
