EscucharEl 92 % de los profesionales liberales no cotizan para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se unen a las legiones de trabajadores independientes, incluidos los de altos ingresos, que prefieren la informalidad. La verdad sea dicha: para esas personas, la propuesta de costo-beneficio recibida de la Caja Costarricense de Seguro Social es poco atractiva.
Los trabajadores independientes cotizan entre un 10,5 % y un 18,5 % de sus ingresos, según la tabla establecida por la Caja. A cambio, la institución les ofrece atención de la salud pero, cuanto mayor sea el ingreso, tanto más rentable resultará suscribir un seguro privado o ahorrar para la eventualidad de un padecimiento. Si el trabajador es joven y saludable, con mucha más razón, y si su trabajo independiente es complemento de un empleo formal, ya no hay discusión porque el disfrute del seguro se lo provee la inclusión en la planilla a un costo mucho menor.
No abogamos por la informalidad o la evasión, pero es necesario señalar la irracionalidad de pedir a una persona el pago de poco menos de la quinta parte de sus ingresos a la CCSS. En el caso de un trabajador con ingresos de ¢1,5 millones, son ¢277.500 mensuales, a los cuales se suma el pago de impuestos y los gastos incurridos para prestar el servicio.
El altísimo porcentaje de cotización se explica por la ausencia de un patrono a quien cobrar la cuota correspondiente. El asegurado independiente paga por él y por el empleador inexistente, con el agravante de la inestabilidad de sus ingresos porque, por lo general, no se trata propiamente de un salario.
A primera vista, podría parecer justa la exigencia de un pago para compensar la ausencia de cuotas patronales, pero, cuando se considera el caso desde la perspectiva del trabajador, de cuyo bolsillo sale la totalidad de la cotización, la justicia del sistema queda en entredicho.
El ingreso líquido de un trabajador dependiente es muy superior al de su contraparte independiente aunque ambos tengan idéntico ingreso bruto. Por lo general, el dependiente tampoco enfrenta gastos específicos relacionados con la producción de bienes y servicios mercadeados por su patrono.
Además, en muchos casos, según el monto de los ingresos, la cotización de un trabajador independiente iguala o supera la de un empleado de planilla, incluidas las cuotas patronales, aunque el porcentaje pagado por ambos fuera el mismo. Es decir, la Caja recibiría, cuando menos, ingresos similares en ambos casos.
Un proyecto del diputado socialcristiano Pedro Muñoz, titulado Ley del Trabajador Independiente, pretende remediar las inconsistencias para darle mayor atractivo a la afiliación a la seguridad social. Aplicando las reglas previstas para calcular el impuesto sobre la renta, con la debida deducción de gastos, los trabajadores independientes deberán presentar una estimación periódica de su base contributiva. Luego, pagarán el mismo porcentaje cobrado a los demás trabajadores.
El altísimo porcentaje de profesionales independientes sumidos en la informalidad es un indicador de la urgencia de reformar el mecanismo. En solo seis años, a partir del 2013, los profesionales liberales afiliados al seguro social pasaron de 29.000 a 5.500. La cifra de partida era de todas formas baja, pero el sistema está tocando fondo. El problema se extiende a los trabajadores independientes no profesionales.
Hace poco, la Caja abandonó la irreal exigencia de asegurar a las empleadas domésticas por la totalidad del salario mínimo aunque solo trabajaran jornadas parciales. Es hora de replantear el caso de los trabajadores independientes, asegurando, eso sí, los mecanismos adecuados de inspección para evitar abusos.
