Contra el aleteo de tiburones

Durante la acción, lamentablemente, se produjo una falla de envergadura: al hacer la inspección, aún no había sido presentada la declaración con el contenido de los sacos. Por tal motivo, no se llegó a configurar un delito y el producto fue devuelto a la empresa de origen, en Puntarenas. De este modo, los responsables tendrán ahora posibilidades no solo de presentar la documentación correcta, sino, también, sacar de la carga las aletas de especies prohibidas y realizar la exportación del resto.

Tan serio error (queremos creer que solo fue eso), con su consecuente impunidad, genera preocupación. A ella se añade otra fuente de inquietud, mencionada por Maike Heidemeyer, una perita de Pretoma que participó en el operativo: si las aletas estuvieron a punto de ser embarcadas, la conclusión es que fallaron los mecanismos de supervisión previos. Estamos ante una muestra de que, a pesar de las convenciones y decisiones internacionales que protegen especies de tiburones y prohíben el aleteo, de la legislación nacional en la materia y de decretos destinados a mejorar los controles, aún estamos muy lejos de desplegar un instrumental de normas y acciones suficientemente robusto para frenar y penalizar severamente las violaciones que se cometan.

Esa práctica es sumamente cruel, depredadora y ambientalmente insostenible. Como la carne del tiburón es relativamente barata, pero sus aletas se cotizan a precios exorbitantes en algunos mercados asiáticos, lo más rentable es realizar pescas masivas, despojar al animal de esa parte, devolverlo mutilado al mar (lo cual garantiza su muerte) y transportar solo las piezas de alto valor.

Además de las prohibiciones y regulaciones internacionales, que nuestro país ha impulsado con vigor, la Ley de Pesca y Acuicultura, vigente desde abril del 2005, prohíbe el aleteo en Costa Rica. Fue un avance en relación con la legislación previa; sin embargo, tiene enormes vacíos que la tornan, en parte, inoperante. El principal es que solo regula la pesca (la condiciona a que se capture el tiburón entero), pero no controla otras etapas del proceso, como el comercio, el etiquetado, la exportación y la importación. Además, no incluye adecuadas sanciones penales.

Tras varios años de inacción, durante la anterior Administración se emitieron dos importantes decretos, destinados a enmendar algunas de las debilidades. Uno obligó a descargar la pesca en muelles públicos, para mejorar los controles, el otro añadió a los requisitos para importar aletas la necesidad de una certificación, en que las autoridades aduaneras del país de origen hagan constar que esas partes se recibieron originalmente adheridas a los animales.

A pesar de esos avances parciales en normativa, los controles en el terreno son débiles; existen profesionales que se prestan para emitir certificaciones falsas, y el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca), como órgano rector, no tiene ni la fortaleza ni la voluntad de actuar como se debe.

Consideramos necesario, dentro del marco legal actual, hacer todo lo posible por combatir y sancionar el aleteo con el mayor rigor posible. Pero no basta con ello. Deben emprenderse otras dos iniciativas de mayor profundidad. Una es reformar la ley vigente, para actualizarla, adaptarla a los compromisos internacionales y cerrar los múltiples portillos existentes; otra es reformar Incopesca –incluyendo la composición de su directiva–, para que sea más imparcial, actúe estratégicamente, se convierta en un verdadero promotor de la buena pesca y se comprometa con frenar la ilegal, incluyendo el aleteo. Estamos ante responsabilidades ambientales, económicas, administrativas y legales, que no debemos eludir más.