EscucharCosta Rica registró en el 2017 la mayor pérdida de empleos en los últimos 20 años (30.645 personas). Esta reducción afectó, principalmente, a los grupos más vulnerables de la población: trabajadores no calificados, microempresas, jóvenes de entre 15 y 35 años y mujeres. También en el 2017 “el país tuvo su peor situación desde 1980 en materia fiscal, con un déficit equivalente al 6,2 % del PIB”, del cual una mitad se explica por el déficit primario y la otra para cubrir intereses por deuda pasada. El gasto en transferencias creció, los ingresos tributarios disminuyeron y el servicio de la deuda aumentó.
El país experimentó un deterioro en convivencia ciudadana y alcanzó una tasa récord de 12,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, una epidemia, según la OMS.
Estos problemas muy serios de hoy nos perseguirán por años, a toda la sociedad, pero, especialmente, a los directamente afectados, a sus familias y vecinos.
“El estallido del problema fiscal convergió con un proceso electoral atípico (…), en los comicios del 2018 se afianzaron la fragmentación y la debilidad del sistema de partidos”.
He extraído esos párrafos del resumen del extenso y valiosísimo Informe Estado de la Nación, intentando presentar, en pocas palabras, una fotografía de lo que creo es más grave y urgente de resolver en el país.
Evidentemente, son síntomas de problemas estructurales. Ni siquiera son todos los más relevantes. Pero quienquiera tener una visión general y completa de la situación de Costa Rica deberá leer y estudiar al menos ese resumen.
Somos dichosos de tener un proyecto de esta índole y un informe de esta calidad y grado de exhaustividad (no total, obviamente). Por ello, merecen felicitaciones sus gestores, directores, investigadores, colaboradores y patrocinadores. Muy pocos países en el mundo cuentan con un documento así, enfocado en su propia nación, sostenido y tan multidimensional. Habla muy bien de lo que se ha construido y podemos construir.
Analizo ahora otros hallazgos y planteamientos del informe.
Pobreza y transferencias. A pesar de un nuevo aumento de la inversión social pública, sobre todo, en educación, vivienda y territorio “en el 2017 se mantuvo el comportamiento inercial de los indicadores sociales”. O sea, pobreza, pobreza extrema, convivencia ciudadana y también resultados en educación. Pero “si las transferencias monetarias se eliminaran, la pobreza extrema aumentaría hasta (en) 3,6 puntos porcentuales y la total (en) 2,1”. ¡No queremos eso!
O sea, qué bien que existen los fondos y la posibilidad de ayudar a esas familias, algunas de las cuales están entrampadas en una situación que a corto plazo (¿y a mediano?) no tienen capacidad de resolver. Pero no debemos seguir dilapidando recursos sin mejorar resultados. ¡Qué gran desafío!
Posiblemente esa situación se torne peor en los próximos meses (¿y cuánto durará?), pues la crisis de crecimiento y generación de empleos, especialmente para esta población, ya está aquí y solo puede empeorar a corto plazo.
Lo único pendiente es si empeora mucho o no tanto. (Sé que estoy tratando de “predecir”; veremos si acierto. Lo que no quiero es engañar a sabiendas, según mi leal saber y entender).
Brechas. Se mencionan y analizan diversas brechas socioeconómicas. De género, educativas y territoriales que “el mercado laboral, las políticas sociales y la tutela institucional de los derechos de los trabajadores no logran resolver”.
Vulnerabilidad ambiental y planeamiento territorial. Se apunta un trade off (intuyo que no fue planeado ni pensado, pero sí se dio en la práctica) entre políticas hacia un “país verde” bastante exitosas y el no aplicar con suficiente énfasis “criterios de sostenibilidad en el uso del territorio y el uso de los recursos naturales para impulsar el desarrollo humano”.
Esto ha llevado a comprometer los logros en materia de conservación y está generando altos costos en varios aspectos.
Transporte. Se enumeran y analizan varios de esos trade offs (aunque no se les identifica así). Se indica que hay una asimetría de capacidad institucional, “la prestación de servicios basados en el uso de recursos naturales está a cargo de entidades que gozan de gran autonomía y que disponen de recursos técnicos y financieros mientras que los órganos de control ambiental y reducción de impactos tienen pocas capacidades para hacer su labor”.
Esas deficiencias estructurales conducen al grave problema del transporte y la movilidad, tanto de personas como de mercancías.
El informe de este año tiene un capítulo especial sobre esta materia.
En este sentido, hemos visto a la primera dama, Claudia Dobles, trabajar con un equipo interdisciplinario y experto en este último asunto, particularmente, en un proyecto de tren interurbano e integrado que promete ser una solución sostenible al grave problema. Además, ha explicado que tomaría en cuenta los aspectos de distribución territorial de la población y otros.
Aunque está en etapa preliminar, ha despertado expectación, no obstante la claridad de que al final del gobierno lo que habrá es una propuesta para un concurso internacional a fin de concesionar el proyecto, con los estudios de base completos.
Confiamos en que antes de su finalización y entrega haya sido sometido a consideración de expertos, de modo que la próxima administración lo retome no por obligaciones contractuales, sino por lo acertado del enfoque y los estudios, más allá de pequeños ajustes.
El país requiere algo así en este y otros campos. Se debe ser ambicioso, aunque se vaya resolviendo por fases. Tener una mirada de un horizonte lejano y asegurar que la técnica será de punta.
Finalizo indicando algunas líneas de acción en lo urgente e importante, aunque no necesariamente con efectos a corto plazo:
1. Resolver la pobreza depende de mejorar sustancialmente el empleo formal y la inversión en cantidad y calidad suficientes. La inversión es esencial también porque debe apuntar certeramente al de encadenamientos y la distribución. Pero resulta claro que las transferencias para personas o familias deberá mantenerse por mucho tiempo para no deteriorar su precaria condición de vida, a la vez que se actúa para fortalecer las oportunidades de que logren emplearse decentemente o desarrollar sus propios medios de existencia también decentes. La desigualdad requiere tratamiento aparte.
2. Tanto por los problemas tratados en el punto 1 como por los subsiguientes (y otros no tocados en este artículo), es indispensable una transformación del sistema, funcionamiento y culturas laborales en todo el aparato estatal. Si bien hay partes de este que funcionan bien, o muy bien, las deficiencias son mayores y el uso óptimo de todo tipo de recursos no se da. Esto debe planearse a largo plazo, aunque las acciones empiezan de inmediato y han de ser continuas. La visión debe centrarse en la integración social y un desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental, incorporando las tecnologías y el talento más modernos y rigurosos. Enfrentar fuentes de posible corrupción e ineficiencia es esencial.
3. Claramente, hay que recuperar las fortalezas democráticas y avanzar en la línea de los consensos más amplios posibles. Pero también deben ser consensos sobre acciones realistas en cada etapa del ciclo político o, en su defecto, acuerdos mayoritarios. Se debe evitar el “poder de veto” ilegítimo, sin alienar a ningún sector de buena fe.
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Costa Rica está en un momento difícil y ante encrucijadas complejas. Solo el trabajo sistemático y bien informado, con una enorme dosis de buena voluntad y fe podrá reencauzarnos en el camino que yace en la base de 25 años de análisis y aportes del Programa Estado de la Nación, que no ha ocultado yerros, carencias, deficiencias y desafíos de la sociedad y los gobiernos. Quizá más adelante retome estas y otras partes del informe.
El autor es economista.
