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Triste esperanza

‘Negociaciones’ en detrimento de los resultados fiscales sería un desperdicio de oportunidades forjadas con mucha valentía y sacrificio

Luego de un largo declive, las calificadoras internacionales de riesgo comienzan a recuperar la confianza en Costa Rica. En diciembre, Moody’s se adelantó a las otras dos, confirmó la nota B2 y mejoró la perspectiva a “estable” con base en la reducción del déficit fiscal y la recuperación de la economía. En marzo, Fitch se pronunció en la misma dirección y por iguales razones, añadiendo un énfasis en el tope fijado al gasto público por la aplicación de la regla fiscal.

El jueves se manifestó Standard & Poor’s (S&P) con una nota de B y la recalificación de la perspectiva de “negativa” a “estable”. Añadió nuevas razones, también consideradas como probables en su momento por las otras calificadoras: la aprobación de la ley de empleo público y el buen resultado de la revisión efectuada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin la regla fiscal, la ley de empleo público y el acuerdo con el Fondo no estaríamos en recuperación. Es imposible saber hasta dónde habría progresado el declive y cuán preocupante sería la perspectiva, pero, por razones difíciles de comprender, salvo la demagogia, está de moda criticar los tres pilares de la mejoría y prometer su renegociación o la introducción de cambios.

Por ejemplo, las tres calificadoras y el 75% de los ciudadanos entrevistados en setiembre por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica reconocen el valor de la ley de empleo público. No obstante, el deseo de vetarla y las promesas de reformarla abundan en las discusiones de campaña. También, es justo reconocerlo, abundan las indefiniciones.

El veto habría dejado toda la normativa sin efecto, de eso no hay duda, pero no podrá ser interpuesto porque el presidente Carlos Alvarado ya estampó su firma en la ley y ordenó publicarla. En cambio, no podemos saber la naturaleza de los “ajustes” y las “renegociaciones”, y en ese ámbito podrían darse retrocesos significativos.

Para comenzar, la ejecución de la ley exige definiciones capaces de vaciarla parcialmente de contenido. Si a eso se añadieran “negociaciones” en detrimento de los resultados fiscales, desperdiciaríamos oportunidades forjadas con mucha valentía y sacrificio. También, arriesgaríamos la evolución favorable de la calificación de riesgo justo ahora, cuando las tasas de interés comienzan a subir en el mercado internacional y el financiamiento de nuestra abultada deuda necesita un respiro. La esperanza es que nos estén mintiendo.

agonzalez@nacion.com

Armando González R.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

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