EscucharLos homicidios, especialmente los dolosos, son los delitos más graves. Atentan contra el bien jurídico más valioso de la sociedad, que es la vida humana. De ahí que sea normal la alarma que produce el preocupante número de 907 el año pasado, y que corresponden a una tasa nacional que viene en crecimiento hasta alcanzar la cifra de 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La tendencia este año parece ser igual o peor, ya que en solo mes y medio ha habido más de 100 homicidios.
Como anteriormente he expuesto, la respuesta a la violencia y los delitos, particularmente los homicidios, debe ser de carácter integral (“Una respuesta integral al delito y la violencia”, 22/4/2023). Además, formar parte de la política del Estado sobre seguridad ciudadana que comprenda los tres ejes más relevantes de las políticas públicas referentes a la violencia y el delito, como lo son la prevención, la intervención y la reinserción social. Lo anterior, sin dejar a un lado la relación interinstitucional y la participación de las comunidades.
Sin embargo, aparte de esta respuesta de carácter integral, con la política pública de seguridad ciudadana, que aún está pendiente, se requieren urgentemente acciones concretas.
La ciudadanía exige respuestas que tengan como objetivo la reducción de estas cantidades de homicidios que suceden todos los días en nuestro país. Para que sean consideradas por los tomadores de decisiones, me gustaría presentar algunas acciones concretas, con el objetivo de que sean discutidas y analizadas.
Fiscalía especializada
Es necesario volver a contar con una fiscalía especializada en delitos contra la vida en todo el territorio. En cada circunscripción del Ministerio Público, debería existir, como anteriormente lo hubo en San José, una fiscalía encargada exclusivamente de la investigación, persecución y condena de los autores de este tipo de delitos, que, sin duda, tendrá un efecto disuasorio de carácter preventivo.
Para ello, se necesitan fiscales capacitados, con conocimiento especializado en la investigación de homicidios y con recursos materiales para llevar a cabo sus labores.
Es urgente la intervención de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial, a efecto de analizar sus capacidades, recursos y, sobre todo, su efectividad en la investigación de los homicidios.
Debemos investigar, por ejemplo, de los 907 homicidios del año pasado, cuántos han sido resueltos, cuántos se encuentran pendientes y por cuáles causas. Además, es fundamental conocer los casos que policialmente son resueltos, pero que no han culminado en una condena, de modo que se distinga entre un homicidio resuelto desde el punto de vista policial de uno resuelto desde el punto de vista judicial.
Esta evaluación debe tener como fin fortalecer y crear conocimiento y destrezas policiales con miras a una eficaz investigación de los homicidios y la identificación y condena de los perpetradores.
Hace algún tiempo, solicité al OIJ un dato estadístico sobre el número de casos de homicidios resueltos frente a no resueltos; sin embargo, no obtuve respuesta. Resulta necesario fortalecer la Sección de Homicidios en todas las delegaciones del OIJ como una verdadera policía técnica y científica con amplios conocimientos en medicina legal y criminalística para tener una respuesta contundente a la violencia y los homicidios que padecemos.
Formación de expertos
Asimismo, es preciso formar equipos de expertos en investigación y persecución de delitos de homicidio. Resulta muy oportuno el ofrecimiento de la Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogadas y Abogados, integrado por exjerarcas de Seguridad Pública y especialistas en la materia, con la finalidad de brindar asesoría gratuita a las alcaldías.
La experiencia que pueden aportar resulta fundamental, ya que no existen fórmulas mágicas o secretos para la reducción de los homicidios. De ahí que se requiera el conocimiento y la pericia de exfuncionarios de Seguridad Pública, la Fiscalía, el OIJ, el Poder Judicial o del Instituto Costarricense sobre Drogas y demás profesionales vinculados al fenómeno delictivo.
No solo se requiere mayor presencia policial con recursos suficientes, sino sobre todo estrategias policiales eficaces, como lo son el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. No es casualidad que se diga que vivimos en la era digital.
El empleo de tecnologías tiene grandes virtudes para la investigación. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, drones o cámaras de reconocimiento facial, e incluso de la robótica y los sistemas de geolocalización o GPS.
La tecnología en el ámbito de la investigación delictiva no solo tiene propósitos disuasorios, sino también fines muy relevantes en la investigación de los hechos. De ahí que se requieran policías con conocimiento y manejo de tecnologías. Es urgente invertir en novedosos campos del conocimiento.
Control de armas de fuego
Por último, es importante insistir en las políticas referentes al uso y permiso de armas de fuego. Es un hecho indiscutible, a escala mundial, que el mayor número de homicidios son cometidos con armas de fuego.
En Costa Rica, durante el 2022, de cada cinco homicidios cuatro fueron cometidos con armas de fuego. Los porcentajes son muy altos como para obviar, dentro de las acciones concretas, la discusión en torno a la portación, que debe ser tratada pensando en una posible restricción en el otorgamiento de permisos para la portación civil de armas de fuego y con la finalidad de diseñar estrategias policiales encaminadas a decomiso de las que no se encuentren inscritas, o que se trate de armas prohibidas; incluso, campañas de entrega voluntaria que incentiven la devolución de armas y municiones a las autoridades.
Qué no debemos hacer frente al aumento de la tasa de homicidios. Aunque resulta obvio, debemos recordar que no debemos repetir lo que sabemos que no funciona.
Está comprobado por la criminología que no existe una relación entre un mayor endurecimiento del sistema penal, como por ejemplo el aumento de penas o restricción de garantías judiciales, y una disminución del delito, particularmente de los homicidios.
Desde que se amplió la pena máxima de prisión a 50 años en 1994, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes viene en aumento, al punto de triplicarse con respecto a la estadística registrada en ese año.
Tampoco existe evidencia que sugiera que cuanto mayor sea la población penitenciaria, menos delitos se van a cometer; todo lo contrario, la cárcel es reconocida como un espacio criminógeno. Además, no se puede presionar el sistema penitenciario con prisiones preventivas automáticas o penas de prisión largas sin que haya una respuesta integral de los sistemas penales, es decir, en el ámbito judicial y administrativo. Por ejemplo, ¿se ha realizado un estudio del costo de aumentar las poblaciones penales o del impacto que tendrían reformas de endurecimiento en el sistema penal de justicia?
Actualmente, lo fundamental y urgente es la reducción de la tasa récord de homicidios del año pasado. Debe ser el objetivo sobre el cual es preciso que trabajen de manera coordinada los entes públicos encargados y los ciudadanos.
Es un doble desafío para nuestro país, ya que la problemática es muy compleja y debe darse respuesta dentro de las limitaciones que impone un sistema de justicia penal propio de un Estado democrático de derecho.
El Dr. Carlos Tiffer es abogado, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Costa Rica (UCR) y consultor del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
