¿Putin y Trump en el banquillo de los acusados?

Ambos acontecimientos son revolucionarios. La acusación de Trump es la primera que se emite contra un presidente en funciones, o un expresidente, en la historia de Estados Unidos. De la misma manera, las cortes internacionales solo han emitido un puñado de órdenes de arresto contra jefes de Estado, y nunca contra el líder de una potencia importante.

Estas acciones legales fijarán precedentes de relevancia y podrían tener enormes consecuencias, aun si ninguna de ellas resultara en una condena penal. La pregunta es si los precedentes serán afortunados, y si las consecuencias serán positivas en conjunto.

Desde los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo del derecho penal internacional es institucionalizar la responsabilidad legal por actividades cometidas en tiempos de guerra. La mayoría de los tribunales penales internacionales han estado bajo el pulgar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que implicaba que no se los podía usar contra los cinco miembros permanentes con derecho a voto del organismo (China, Francia, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos). Pero la CPI, por designio, no está sujeta a las Naciones Unidas. Y si bien Rusia nunca aceptó la jurisdicción de la CPI, Ucrania sí lo ha hecho, y la CPI está actuando sobre esa base.

Efectos en un caso y otro

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Según el procurador de la CPI, Karim A. A. Kahn, la orden de arresto ofrece la esperanza de que Putin sea “considerado responsable” por sus crímenes contra niños ucranianos, y quizá por los muchos otros crímenes ordenados por él en Ucrania. Asimismo, aun si Putin nunca termina en el banquillo de los acusados en La Haya, la orden de arresto, dice la CPI, “podría contribuir a prevenir que se cometan crímenes en el futuro” en Ucrania.

Harold Koh, profesor de la Escuela de Derecho de Yale y ex asesor legal del Departamento de Estado, argumenta que también podría deslegitimar, aislar y debilitar a Putin, reduciendo así su poder de negociación.

Sin embargo, como sostiene Stephen Pomper, excolega de Koh en el Departamento de Estado, la orden de arresto podría tener serios “efectos negativos”. En su papel de jefe de políticas del International Crisis Group, a Pomper le preocupa que la medida pueda hacer que Putin resulte aún más peligroso y destructivo, que entorpezca todo proceso de paz en el futuro y que impida la cooperación multilateral con Rusia en relación con cuestiones colaterales como la asistencia humanitaria en Siria y Afganistán.

También podría perjudicar la legitimidad de la propia CPI, especialmente si la orden divide el respaldo internacional a la Corte, o si los países se niegan a cumplir con su obligación legal de arrestar y transferir a Putin a La Haya, en caso de poder hacerlo.

El procesamiento de Trump conlleva ventajas y desventajas análogas. Trump merece ir a la cárcel si violó el derecho penal de Nueva York. El hecho de que sea un expresidente es irrelevante. Y la condena de una figura tan poderosa sería una reivindicación especial del Estado de derecho.

La acusación, como arguye Alexander Burns, también podría perjudicar políticamente a Trump al sensibilizar al votante marginal sobre la inmoralidad e incapacidad del expresidente para el cargo.

Pero también podría tener el efecto opuesto. En términos generales, se considera que el caso del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Alvin L. Bragg, es débil. Esta visión, incluso, la comparte un abogado respetado que anteriormente trabajó en el caso. Por su debilidad, y a la luz de las conexiones de Bragg con la política del Partido Demócrata, los republicanos, en general, considerarán que la acusación tiene motivaciones políticas, y ya han logrado entablar una pelea política con Bragg.

La política cortoplacista de la acusación de Bragg, y las respuestas furibundas de Trump, son difíciles de evaluar. Pero parece probable que el episodio tenga un impacto negativo en las investigaciones más serias y creíbles sobre Trump que está llevando a cabo Jack Smith, fiscal especial federal.

Smith tiene un caso potente, especialmente en lo que concierne a la posesión por parte de Trump de documentos del Gobierno de Estados Unidos —entre ellos, muchos altamente clasificados— en su casa de Mar-a-Lago.

Pero la esperada acusación en el caso federal inevitablemente será polémica, porque vendrá del Departamento de Justicia de la administración Biden después de que Trump ya haya anunciado su candidatura presidencial para el 2024. Luego de la acusación de Nueva York, los esfuerzos de Smith enfrentarán el desafío adicional de parecer una acumulación procesal.

Riesgo de desacreditar la justicia

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Uno podría pensar que los temores sobre las consecuencias prácticas de procesar a Putin y a Trump son irrelevantes. Después de todo, ambos cometieron actos muy malos, y el Estado de derecho exige que sean castigados. Fiat justitia ruat caelum (que se haga justicia, aunque se desplomen los cielos).

Pero es una visión poco realista de cómo funciona el derecho penal en la política doméstica e internacional de gran relevancia. Si la orden de arresto de la CPI conduce a más muerte y sufrimiento de los que habrían existido sin ella, la Corte y el proyecto más amplio del derecho penal internacional terminarán desacreditados.

De la misma manera, si la acusación de Nueva York envalentona a Trump —y, especialmente, si se la ve como el desencadenante de una cadena de acontecimientos que lleve a su reelección, o a desestabilizar represalias en el camino—, muchos estadounidenses la verán como un error trágico.

No podemos saber hoy si estas cosas sucederán, o si se las verá de esta manera. Pero, de ser así, obviamente, no se habrá hecho justicia.

Jack Goldsmith es profesor de Derecho en la Escuela de Derecho Harvard y miembro sénior de la Hoover Institution.

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