Columnistas

Prioridades sindicales

Los ¢107 millones pagados en 14 meses a 11 dirigentes equivalen al presupuesto para mejorar sedes policiales

“Ese pago es absolutamente desproporcionado e irracional. Es cierto que es legal porque está fijado en la convención colectiva, pero no es moral ni es ético. Ha sido utilizado por la Municipalidad para lograr la complicidad de los sindicatos que lo perciben”. La cita pudo ser extraída de una respuesta de La Nación a la defensa ensayada por la ANEP del cobro de ¢183.000 por sesión de la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de San José, pero la frase no es nuestra, sino de Susan Quirós, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sindicato con más de 600 afiliados en el ayuntamiento.








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