Una de las mayores contribuciones de la asociación Poder Ciudadano Ya (PCY), de la cual formo parte, ha sido la toma de conciencia general de que el sistema de elección de diputados mediante listas cerradas provinciales está desactualizado en varios aspectos: circunscripciones obsoletas, insuficiente número de curules y un sistema que causa desapego de la ciudadanía y sus representantes, son algunos de los males.
En los últimos 20 años, se han barajado ideas para reformarlo; unas mejores que otras. Como antecedente más serio y comprensivo encontramos el proyecto propuesto por el entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez, con el cual la propuesta de PCY comparte varios elementos. La comisión de notables del gobierno de Laura Chinchilla hizo contribuciones valiosas, pero fueron asfixiadas por la obsesión de la opinión pública con el aumento del número de diputados. Para entonces, PCY tenía lista la propuesta, pero la coyuntura era claramente adversa a reformas sustanciales.
Cambiar el sistema electoral es una tarea difícil porque lleva consigo que el poder se reforme a sí mismo, salga de la zona de confort y esté dispuesto a jugar distinto. Otro obstáculo es que la ciudadanía percibe estas reformas como un asunto que no le incumbe ni le afecta. Craso error: el sistema electoral afecta directamente nuestra calidad de vida.
Ejemplo de éxito. La reforma electoral emprendida en Nueva Zelanda en la década de los noventa fue exitosa porque se invirtieron ingentes recursos públicos y privados en una campaña para explicar al pueblo las limitaciones de su sistema electoral y otros sistemas existentes, con bondades y defectos; se les sugirió adoptar un sistema mixto proporcional (SMP), decisión tomada mediante consulta popular. En el 2011, se preguntó de nuevo a los neozelandeses si querían continuar con el SMP adoptado en 1996 o cambiar a otro; decidieron mantener el SMP porque comprendían sus virtudes.
En Costa Rica, PCY consiguió sacar esta discusión de los círculos académicos, intelectuales y políticos, y la puso en el debate nacional. A pesar de la escasez de recursos, logramos que buena parte de la ciudadanía y la opinión pública se enterara de que existen otras formas de elegir los representantes políticos.
Después de varios años de difundir nuestro trabajo en las redes sociales, mediante artículos y múltiples reuniones con medios de comunicación, diversos grupos y actores, en el 2016, PCY presentó, con apoyo de 14 diputados de 5 fracciones, un proyecto para adoptar un sistema mixto proporcional de elección de diputados (también llamado proporcional personalizado), semejante al de Nueva Zelanda.
Planteamos una reforma electoral integral acompañada de sugerencias de enmiendas complementarias, respaldada por simulaciones del modelo propuesto, aplicadas a las elecciones legislativas desde el 2002. Es decir, no es una propuesta teórica, sino con sustento cuantitativo y cualitativo.
La propuesta de PCY es mejorable, pero necesita debate amplio, plural y desprejuiciado entre diversos actores sociales, políticos, académicos, intelectuales y ciudadanos. Lastimosamente, varios diputados y académicos se opusieron ferozmente a la discusión.
"Lo peor que podemos hacer es tomar una decisión con una sola propuesta sobre la mesa; necesitamos motivar nuevas propuestas”, dijo Steffan Gómez Campos, politólogo investigador del Programa Estado de la Nación, en un panel celebrado en marzo en la UCR. Del análisis comparativo de varios proyectos, a la luz de la doctrina especializada y del análisis comparado de los diversos sistemas del mundo, podremos optar por el más adecuado, a sabiendas de que no hay sistema perfecto.
Nueva propuesta. Recientemente, el diputado José María Villalta presentó un proyecto a favor del voto preferente en la elección de legisladores, regidores y concejales, según el cual el electorado podría poner en orden de prioridad dos candidaturas, de una mujer y un hombre, dentro de la lista del partido de su preferencia.
En su exposición de motivos, reconoce que la ciudadanía está insatisfecha con el sistema de listas cerradas y “quiere votar por personas y no únicamente por la lista que les proponen los partidos”.
El proyecto permitiría “un aumento significativo del poder de decisión de la ciudadanía que así lo viene reclamando”. Además, dice que pretende incrementar la representación, fortalecer la rendición de cuentas y la responsabilidad frente al electorado. La similitud de propósitos con el proyecto de PCY no es casualidad, y confirma que las falencias del sistema actual están bien identificadas. En lo que diferimos es en la medicina.
El voto preferente ha sido propuesto, discutido y desechado en Costa Rica. Es una fruta de apariencia atractiva, pero… ¿venenosa? No es popular en el mundo ni entre los expertos en materia electoral, por sus nefastos efectos colaterales. El constitucionalista Diego González Fernández dice que no conoce un solo experto que esté a favor del voto preferente, y sí muchos en contra. De hecho, en varios países están buscando quitarlo.
Su primer efecto indeseable, especialmente en un ambiente de partidos sumamente debilitados como el nuestro, es el “canibalismo político”, pues cada aspirante a una curul tendría que luchar por sobresalir de entre el mar de candidaturas en dos niveles: dentro de su propio partido y frente a los otros partidos. Por ejemplo, en el 2018, 22 partidos postularon listas para elegir los 19 diputados por San José; con el voto preferente pasaríamos del anonimato de candidaturas de las listas cerradas a un concurso de 418 personalidades disputándose el favor del electorado, solo en esa provincia.
La cantidad de partidos tanto a escala nacional como provincial será mayor en el 2022. ¡Imagine el carrusel de candidaturas a una curul! El voto preferente es para los partidos políticos lo que un anticoagulante para un paciente con hemorragia interna. Si lo que queremos es acabar con los partidos, ese es el camino; será una muerte lenta, pero segura.
Alto costo económico. El voto preferente agrega una complejidad al acto electoral que más bien atenta contra los beneficios que pretende aportar. Plantea un enorme reto en cuanto al control del financiamiento político. Los recursos públicos serían escasos para cubrir el exuberante costo de más de mil campañas unipersonales y aumentaría el riesgo de que, mediante aportes privados, que en Costa Rica son ilimitados, se cuele capital espurio o se dicte determinada agenda, con el consecuente aumento del clientelismo. La contienda sería sumamente inequitativa.
Villalta sugiere que todas las contribuciones privadas sean depositadas en la cuenta única de la agrupación política, lo cual no solo peca de ingenuo, sino que no atiende el reto de controlar la cantidad de contribuciones, ni la lucha fratricida por esos recursos en el interior de los partidos. Quienes logren más donaciones no querrán compartirlas con sus compañeros de papeleta, convertidos en sus principales rivales por el voto preferente.
El voto preferente lesiona la cohesión partidaria y genera “caciques”: quienes queden en primer y segundo lugar se sentirán con más autoridad que sus compañeros de fracción. Sentirse dueño de la curul por mérito propio genera indisciplina partidaria y acrecienta el transfuguismo. Pensemos en los efectos sobre la gobernabilidad: la aprobación de una ley demandaría una negociación infinita en el seno de las fracciones, entre fracciones y con el Ejecutivo. La construcción de mayorías sería tarea titánica.
Si bien considero el voto preferente regresivo, bienvenido sea. Ahora hay dos propuestas de reforma que merecen ser analizadas, comparadas y discutidas. El punto de partida debe ser identificar qué problemas queremos resolver (representación, legitimidad, gobernabilidad, etc.), qué modelos existen en el mundo y qué dice la doctrina sobre ellos, en qué condiciones funcionan mejor y cuáles son los más viables y propicios para el contexto costarricense. Además, el sistema electoral que se elija debe partir de la premisa de que fortalecería nuestro sistema político, no lo contrario. ¿Tendremos la madurez para hacer un análisis desprejuiciado y la valentía de emprender el camino de la necesaria reforma?
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La autora es activista.
