Velia Govaere. 30 noviembre, 2019

Desde Chile tañen las campanas, pero nuestra realidad es otra. Ese consuelo impenitente es de alto riesgo porque minimiza los peligros latentes en nuestras propias raíces de insostenibilidad: agotamiento fiscal, persistencia de pobreza, extrema fragilidad del empleo, chocante desigualdad de ingresos, brechas territoriales, baja calidad educativa, desaceleración económica e insatisfactorio funcionamiento de las instituciones del Estado.

“No supimos entender el clamor subterráneo(…) por una sociedad más justa”, dijo Sebastián Piñera, en Chile. ¡Cuidado! No somos tan diferentes. Tampoco nosotros sabemos leer las nubes de insatisfacción que se dibujan en el horizonte. Poco consuela amanecer bajo cielos serenos. Igual, las tormentas sociales llegan sin previo aviso.

La primera campanada fue el propio resultado de las elecciones pasadas, expresión disruptiva de inconformidad con el statu quo político y confirmación de procesos subyacentes de malaise. Fue así como el gobierno de Carlos Alvarado se vio marcado por una paradoja aparentemente insoluble: la necesidad de golpes de timón, sin fuerza política para darlos.

Debilidad. Estamos en un momento histórico donde, extrañamente, la posibilidad de cambio no se deriva de la fuerza política de una administración, sino más bien de su flaqueza porque la obliga a tender puentes, buscar acuerdos, concertar soluciones. El rasgo más sobresaliente del inusual año que hemos vivido fue la capacidad del Estado, con un Ejecutivo frágil, de enfrentar la crisis fiscal como ningún gobierno anterior.

La administración Alvarado encontró a Costa Rica al borde del abismo de la insolvencia, sin tener respaldo propio para evitarlo. Ese peligro amenazaba con un escenario crítico de descalabro solo comparable con las aguas turbulentas de la crisis de los ochenta. Esa imaginaria semejanza con la década perdida se queda corta.

El peligro que corríamos, y no hemos terminado de sortear, es mayor que el de los años de guerras centroamericanas. La representatividad política de entonces ofrecía a la estabilidad nacional una resiliencia social que hoy no tiene. Tampoco existe ahora un socio internacional que por razones geopolíticas apoye nuestras finanzas. Y, como factor adicional de agravación, el 60 % de las familias tienen un endeudamiento que no tenían entonces. A la insolvencia nacional se suma deuda familiar. Cualquier coyuntura adversa puede sumir a la población en zozobra.

Primer paso. Al poco respaldo del Ejecutivo, se contrapuso la conciencia generalizada de acciones urgentes, acompañada por la extraña capacidad de los diputados de autolimitarse con un nuevo reglamento para hacer efectivos acuerdos controversiales de mayoría. Eso redundó en una decisiva articulación de los tres poderes del Estado para sortear el trance inmediato de insolvencia fiscal. Fue el primer paso de saneamiento de las finanzas públicas.

La concertación salvó, provisionalmente, el día. Se puede cuestionar si fue la mirada del abismo la que disparó a tiempo la reacción defensiva. Tal vez. Pero nada de eso obedeció a automatismo alguno. La nobleza obliga a reconocer el protagonismo humano en los tres poderes. Don Carlos Alvarado, en condiciones desventajosas, enfrentó una huelga de más de 60 días, la mayor de los últimos quince años, que sigue siendo un factor concomitante de la desaceleración económica actual.

La extraña, pero loable, determinación del Ejecutivo de no claudicar frente a la presión y la sorpresiva intervención de la Contraloría anulando acuerdos alcanzados bajo extorsión sindical produjeron una formidable externalidad positiva: un ajuste de cuentas con un sindicalismo incapaz de visión colectiva, por encima de intereses gremiales. El resultado, sabiamente advertido por don Vladimir de la Cruz, fue un cambio estructural en las relaciones sociales de fuerza. Ese es un activo político nada despreciable, sellado con una nueva legislación laboral para poner coto a los abusos hasta ahora impunes.

Deslices. Aquí, sin embargo, comienzan los bemoles. La amenaza fiscal sigue siendo un concepto intelectual poco susceptible de comprensión generalizada. Ni siquiera las élites intelectuales terminan de asimilar sus alcances y siguen defendiendo fueros insostenibles. Con cuanta más razón se dificulta su comprensión para una ciudadanía que siente el peso tributario, sin ver mejora alguna en sus condiciones de vida.

Con apenas un pie fuera del abismo, se necesitan mayores pasos para alejarnos del borde. El problema es discernir hasta dónde llega la conciencia política del predicamento en que estamos. ¿Quedará encasillada la concertación en temas fiscales? ¿Agota lo fiscal, acaso, todas las falencias de nuestro modelo? Ese es uno de los peligros más serios porque un parche fiscal a medias cabe solo para dar un breve respiro. Los problemas siguen y se acumulan: institucionalidad herrumbrada, deficiencias de diseño y calidad en la ejecución del gasto público, abandonos estructurales de segmentos de poblaciones en territorios periféricos y deficiencias inherentes a un modelo económico sin políticas productivas y de empleo de amplio espectro.

En los ochenta, se pudo ganar elecciones con la consigna “Exportaciones y más exportaciones”. Esa receta ya no funciona. Deja excluido del desarrollo económico y social un segmento mayoritario de la población y abandona a su suerte la geografía olvidada de las periferias. El país ya no soporta la ausencia de pensamiento político “fuera de la caja exportadora”. Es el mejor caldo de cultivo para resentimientos antisistema que tenderán a acentuarse si también la política fiscal se mantiene desconectada de la producción y la generación de empleo.

Nunca un gobierno más endeble se vio obligado a enfrentar tareas tan descomunales. Y lo hizo. ¡Annus mirabilis! Sacó fuerzas de sus flaquezas. Pero la estabilidad pende aún de un frágil hilo de concertación. Nada es más importante que fortalecerlo, ampliarlo y ofrecerle un sentido de destino.

La autora es catedrática de la UNED.