A finales del año pasado fue aprobada la ley para crear la Hacienda digital y el mes pasado, para la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Entiendo que el proyecto de alfabetización digital está convocado en las sesiones extraordinarias y se espera que la del bono digital entre en esa lista muy pronto.
No hay duda de que los sistemas del Ministerio de Hacienda necesitan ser reemplazados por otros modernos y seguros, que brinden a los ciudadanos servicios de forma expedita y tal vez algún día hasta agradables.
A mí, personalmente, me parece que $156 millones es muchísimo dinero, pero la cantidad de recursos manejados por Hacienda es de tal magnitud que si el proyecto es exitoso el país recobrará la inversión casi de inmediato.
El presupuesto debería contemplar una partida para la administración del riesgo. Espero que el origen de los altos riesgos del proyecto esté claro, porque no son riesgos técnicos.
La ejecución se hará de acuerdo con las normas del banco. Estas incluyen crear una unidad ejecutora, compuesta por múltiples expertos internacionales, por ahora, trabajando remotamente. El plan está por iniciarse, solo necesita la aprobación del presupuesto extraordinario (presumo que serán fondos del préstamo).
Hacienda digital es uno de los proyectos de tecnología más importantes de la historia del país, tal vez no sea el más caro o complejo desde un punto de vista técnico, pero sí potencialmente el de mayor impacto.
Integración, coordinación y control. La ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, por su parte, necesita ser firmada y publicada, luego hay seis meses para redactar el reglamento y tres meses más para instaurar la junta directiva.
Al igual que la Hacienda digital es urgente y no existe motivo para demorar seis meses en la redacción del reglamento ni tres en el nombramiento de la directiva.
La cantidad de esfuerzos e inversiones en tecnología digital (cientos de millones de dólares) a lo largo y ancho del Estado exige integración, coordinación y, especialmente, control sobre el retorno de las inversiones.
La tecnología debe facilitar la vida a los ciudadanos y mejorar la eficiencia en el gasto de los fondos públicos. Idealmente, el proyecto de Hacienda digital debería haber sido el primero de la Agencia, pero los tiempos no lo permitirán.
Los beneficios de la Agencia no pueden darse por hecho, los detractores no van a rendirse porque ya se promulgó la ley. Dos de los grandes problemas que debe resolver la Agencia son: el desarrollo interno de software y la resistencia a la computación en la nube.
Existen demasiadas instituciones estatales, y la gran mayoría desarrollan el software internamente, basadas en análisis costo-beneficio que no toman en cuenta el valor de la calidad del producto.
El año pasado el Consorcio de Calidad de Software de Información (CISQ, por sus siglas en inglés) publicó, por segunda vez, el informe Costo de la mala calidad del software en EE. UU., un estudio serio, ejecutado por profesionales y académicos de mucha trayectoria.
El costo es un estimado que utiliza muchos datos, como interrupciones del servicio, cantidad de programas en desarrollo y producción, incidentes de vandalismo y ciberdelincuencia (que solo son posibles si el software es defectuoso), etc.
De acuerdo con el informe, el costo de la mala calidad del software en los Estados Unidos es un 10 % del producto interno bruto. Una cifra muy muy grande. El autor principal está dispuesto a realizar el mismo estudio para Costa Rica, pero no tenemos muchas razones para esperar que el porcentaje sea menor.
Sí hay motivos, en cambio, para sospechar que el software más viejo, por ser más remendado, contiene más defectos. Si el porcentaje fuera el mismo y los programas informáticos del Estado representaran la mitad del software del país, estamos hablando de un costo anual de varios miles de millones de dólares.
Deuda técnica. Todos saben que los programas no se rompen ni se gastan, y solo tienen dos estados: o están bien o están mal. Sabemos asimismo que cuando las fallas son descubiertas se tiende a hacer «arreglos» rápidos y lo más baratos posible, con lo cual aumenta la complejidad y quedan ocultos problemas que saltarán más tarde.
A eso se le llama la deuda técnica. Son costos futuros en que se incurre por no resolver las fallas bien. El cálculo de la deuda técnica cuenta con mecanismos estándares bien documentados para estimarla, pero como se trata de costos futuros, estos no se sumaron en el 2020.
La Agencia Nacional de Gobierno Digital deberá encargarse de modernizar los sistemas del Estado, no deberían hacerse muchas copias del mismo sistema en cada institución, cada una debe operar en la nube (desde hace 10 años se sabe que reduce costos drásticamente) y el desarrollo interno hay que reducirlo a un mínimo, y pronto.
Un buen ejemplo es el sistema de facturación de Acueductos y Alcantarillados, del cual todos hemos oído historias de terror, aunque otras instituciones poseen programas bajo el mismo principio y podrían efectuar el trabajo sin mayor problema.
Educación. El programa nacional de alfabetización digital también es urgente. Para cerrar la brecha, el acceso universal (a equipos y conexiones) no es suficiente, también es necesario universalizar el conocimiento requerido para hacer buen uso de la tecnología.
Recientemente La Nación editorializó sobre esta urgencia. Los niños y jóvenes (y los adultos) deben recibir suficiente educación y capacitación para distinguir la información de la desinformación.
Hacerlo a escala nacional es algo que el MEP y el Micitt pueden y deben hacerlo. Eduardo Ulibarri, en una charla para el TEDxPuraVida («Antídotos contra la desinformación»), da consejos útiles, pero no es suficiente con que mil o dos mil personas vean la charla, el mensaje debe llegar a toda la población. Este proyecto está convocado en las sesiones extraordinarias, espero que sea aprobado con la mayor brevedad.
Mientras dure la pandemia, los alumnos seguirán estudiando de manera remota por lo menos unos días a la semana, por ende, el país está obligado a encontrar la forma de proveer Internet a los cientos de miles que no la tienen.
El bono digital es la solución para que quienes no tengan recursos para pagar la conectividad y viven en un área donde es posible darles servicio lo obtengan de inmediato y lo conserven mientras el MEP lo considere necesario.
La idea es que personas inscritas en la base de datos del IMAS vayan directamente al proveedor del servicio y adquieran un plan pospago, el cual será cubierto por Fonatel. No es una solución completa ni permanente, pero es rápida y resuelve el problema de muchos. Ojalá este corto y eficiente proyecto sea convocado pronto, porque ya empezaron las clases y de nuevo hay cientos de miles de estudiantes sin posibilidades de conectarse. Estas cuatro leyes no son la solución tecnológica del Estado, pero son pasos en la dirección correcta.
El autor es ingeniero.