Costa Rica ha hecho muchas cosas bien para proteger el medioambiente. A lo largo de 20 años, se han hecho esfuerzos para digitalizar trámites y procesos. Sin embargo, la mayor parte del Gobierno sigue utilizando papel, lo cual, ciertamente, no es bueno para el planeta.
Según la Organización Mundial de la Salud, 7,5 millones de personas murieron en el 2015 debido a complicaciones por respirar aire contaminado por la combustión de derivados del petróleo.
La firma digital, cuya ley existe hace 15 años o más, contribuye a eliminar el registro de datos en papel; además, hace innecesario el desplazamiento físico hasta las oficinas estatales, tanto de los usuarios de los servicios públicos como de los funcionarios.
No es sencilla de utilizar y algunos la consideran cara de obtener. Existe, sin embargo, un porcentaje grande —imposible saber con exactitud cuánto— de gestiones digitalizables sin necesidad de la firma digital, y también persisten procedimientos complicados en grado sumo que deberían rediseñarse o incluso eliminarse.
Si esperamos un cambio en el sistema hasta ahora utilizado para millones y millones de expedientes, es muy probable que mis nietos estén preguntándose cómo es posible que vivan en un mundo de papel en la segunda mitad del siglo XXI.
Digitalizar procesos ineficientes, e incluso redundantes, es menos malo que seguir en parálisis por análisis.
Menos CO2. Todos los días la tramitomanía obliga a decenas de miles de costarricenses a efectuar sus diligencias de forma presencial. Si fueran, digamos 30.000 diarios, y cada uno debiera desplazarse 500 metros para ir a una oficina gubernamental (unos a pie, otros en bus y muchos en auto), el resultado es el consumo de 1.500 litros de combustible al día solo para esa cantidad de trámites. La combustión libera el equivalente a 120 toneladas de CO2 todos los días, sencillamente por la obligación de ir personalmente a dejar un papel, a firmar una hoja, a entregar documentos, etc.
Esos 30.000 deben consumir 300 kilos de papel diarios (aproximadamente, tomando como base dos hojas por cada uno), los cuales no solo eliminan árboles (como cinco diarios), sino que, además, alimentan una cadena de abastecimiento que consume más combustibles para llevar una hoja al lugar donde la persona debe hacer la gestión.
Con una infraestructura digital de muy alta velocidad, en ambas direcciones, todos los trabajadores del conocimiento, aunque no sean tramitadores estatales, podrían desempeñarse en teletrabajo, ya sea en la casa o en un sitio dedicado al cotrabajo, cerca de su casa.
Si se trata de un millón de costarricenses que trabajan dos veces a la semana de manera remota, y en promedio viajan 2 kilómetros diarios (uno de ida y otro de vuelta), el país ahorraría unos 80.000 litros de combustible cada día, por los 4 millones de kilómetros semanales no recorridos, con lo cual se dejaría de emitir el equivalente a 6.400 toneladas de CO2 en 24 horas.
Tal vez deberíamos, en vez de agregar más carriles a la infraestructura vial, aumentar los megabits de conexión simétrica en todas las casas, centros educativos y lugares de trabajo. El costo es además una fracción.
Cuantioso ahorro. Obviamente, la digitalización no solo es buena para el medioambiente, también genera grandes ahorros de dinero, pues reducirá la factura petrolera y de papel considerablemente.
Es cierto que el paso a lo digital genera resistencia. Alguna es la natural oposición al cambio de los seres humanos, bienintencionada, pero también hay otra, la que necesita la opacidad para continuar comportamientos reprochables.
La opacidad es más fácil ocultarla viviendo entre papeles que con sistemas digitales, aunque es cierto que la digitalización por sí misma no garantiza la transparencia.
Hace un año, el gobierno presentó una estrategia de transformación digital llena de buenas ideas y nobles propósitos. Todos sabemos que el Micitt no cuenta con los recursos ni la autoridad necesarios para forzar la transformación.
En el Congreso, se discute un proyecto para la creación de una Agencia de Transformación Digital, la cual contaría con presupuesto para ayudar a las instituciones a dar el paso hacia la transformación, mas no para forzar la transformación, por ejemplo, en entidades no muy entusiastas.
Sello digital. Recientemente, el Micitt publicó el Código Nacional de Tecnologías Digitales (versión 1.0), un compendio de buenas prácticas a las que deberían adherirse las instituciones en su camino hacia los sistemas digitales.
El documento, sin duda, está sujeto a mejoras, pero es muy útil como marco de referencia. El objetivo es que las instituciones entusiastas soliciten el sello de Gobierno Digital, para lo cual sus prácticas serán comparadas con las contenidas en el código, y, si cumplieron, se les dará.
Me parece genial. Reconozco los esfuerzos bien orientados de las instituciones comprometidas y del Micitt, por el diseño de este mecanismo.
Sugiero crear también el “sello de desgobierno analógico”, y luego de un tiempo prudencial (¿este año?) otorgárselo a las que incumplan. Esos sellos deberán, por supuesto, publicarse regularmente.
Para hacer el plan viable, será necesario digitalizar la comparación del código con la realidad de cada institución. Un trabajo interesante para algunos de los cientos de personas extraordinariamente tecnológicas que tenemos en el país.
El autor es ingeniero, presidente del Club de Investigación Tecnológica y organizador del TEDxPuraVida.