Miguel Sobrado. 29 junio

El Estado se compone de unas 300 instituciones, algunas de las cuales cumplen las mismas funciones y aun así no logran alcanzar las metas de bienestar social propuestas y generan empleo de manera clientelista.

Dos males aquejan a las instituciones. El más grave parte de que los cambios deben venir “desde arriba”, esto es, de las instituciones y tecnócratas, pues los “beneficiarios” lo son por ser “perdedores” y necesitan un tutelaje “ilustrado”.

El otro mal es el entrabamiento al que la normativa de procedimientos somete a las instituciones públicas, cuyo resultado es volver las instituciones sociales vulnerables al clientelismo.

Lo primero es lo peor, porque castra las iniciativas y la creatividad de las comunidades. No se trata de dejar las soluciones al azar, pensando que las comunidades resolverán los problemas; para eso existen las políticas públicas que orientan y sirven de base para la evaluación de los servicios institucionales, así como del personal técnico de apoyo.

Mi experiencia de medio siglo en organizaciones comunales y de productores me indican, con múltiples ejemplos, que solamente con base en la iniciativa y autonomía de los grupos y comunidades habrá desarrollo, especialmente cuando hay políticas públicas convergentes, pero en ocasiones, incluso en ausencia o a contrapelo de los políticos y tecnócratas, alcanzan las metas.

Poder grupal. La autonomía es el pilar de una sólida organización y esta es poder grupal y local. Así como nadie podría capacitarse en el manejo de un vehículo si el instructor no le permite asumir el control, tampoco es posible la capacitación de una comunidad en materia de organización si un burócrata impide la autonomía de la empresa.

La importancia de la organización para la vida cívica y ciudadana la reafirmaba José Figueres Ferrer cuando decía que “los hombres sin organización no tienen ningún poder”.

Todas las creaciones tuteladas por burócratas y el clientelismo, llámense como se llamen, están condenadas al fracaso desde el momento en que atentan contra la esencia del proceso de capacitación (autonomía en la relación con el objeto capacitante) y de las condiciones para el desarrollo organizacional de los grupos y las comunidades.

Las políticas públicas, para que cumplan su objetivo, deben ser claras y orientadas a estimular la función solidaria y no deben ser dirigidas indiscriminadamente a todas las personerías jurídicas de cooperativas o asociaciones, sino a su cometido social.

Ganar la medalla. Si la pretensión es que las cooperativas inviertan y encadenen actividades productivas en su entorno, entonces, deben estimular esa labor en su quehacer económico y, dependiendo del cumplimiento, se les autorizará una reducción o exención de impuestos.

No puede partirse del supuesto de que por ser cooperativas o asociaciones son solidarias y fuente de estímulo del desarrollo local y regional.

La personería jurídica es una razón social identificadora de una empresa, no es una patente de corso para recibir beneficios del Estado.

Actúa como las parejas. El hecho de ser matrimonio legalmente no garantiza una buena relación marital.

En este sentido, las políticas públicas deben ir más allá del nombre y concentrarse en su gestión, con independencia de su personería legal.

Existe un buen ejemplo en este sentido. La empresa productora de jaleas El Ángel, cuando el terremoto que devastó Cinchona, el 8 de enero del 2009, destruyó la planta, incorporó a sus 300 trabajadores a la reconstrucción y ahora, en plena pandemia de la covid-19, mantiene a su personal. Por su proceder, merece un estímulo fiscal, aunque no se denomine cooperativa.

No hace falta más burocracia. Nuestro país ha cambiado en las últimas décadas y hoy por hoy el personal cuenta con más capacidad, innovación e iniciativas en las comunidades, tanto en las cooperativas como en los microbeneficios de café. Asimismo en la producción de cacao y banano orgánico, y en el inmenso y prometedor campo de la agroecología.

Más que crear nuevas instituciones y burocracia hacen falta estímulos para fortalecer todas esas iniciativas y a sus respectivas organizaciones mediante el giro de instrucciones y la demanda de resultados a la Banca para el Desarrollo, al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Ministerio de Educación Pública (MEP). Sería bueno estimular la participación de las universidades.

El autor es sociólogo.