Carlos Tiffer. 27 marzo

El 2020 fue un mal año para Costa Rica y el resto del mundo. No solo en el ámbito de la salud, por todos conocido, sino también en los niveles de violencia y delito.

Contrario a lo que se esperaba, como algo positivo que podía salir del año pandémico, el número de homicidios violentos no disminuyó en el país y prácticamente se mantuvo igual a los anteriores.

El año pasado se cometieron 568 homicidios, 4 más que en el 2019, que cerró con 564. Suma inferior a los 585 del 2018 y por debajo del año más violento hasta la fecha, el 2017, cuando se registraron 603 asesinatos.

Viendo la tasa de homicidios, la realidad es que nuestro país, desde el 2010, cuando llegó a 11,5, se ha mantenido prácticamente igual, con leves alzas y bajas. Por ejemplo, el año anterior la tasa fue 11,1, un leve aumento de 0,1 en relación con la del 2019.

Un homicidio especial que debe llamar la atención, por ser producto, generalmente, de una violencia escalonada y con graves consecuencias familiares y sociales, es el feminicidio.

En el 2020 hubo 19 feminicidios de un total de 61 mujeres asesinadas. También cabe señalar y reflexionar sobre las denominadas víctimas colaterales, personas inocentes que por error o una «bala perdida» son asesinadas anualmente.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre el 2017 y el año pasado, 42 personas fueron asesinadas como víctimas colaterales, entre ellas, 10 niños.

La realidad estadística y social se ve reflejada a diario en los medios de comunicación, que informan de hechos cada vez más violentos, de acribillamientos y ejecuciones en las cuales, lamentablemente, tanto autores como víctimas son jóvenes. Suceden en todo el país, no es un problema de zonas urbanas o de San José; hechos recientes ocurrieron en Puntarenas y Limón.

Un caso terrible fue el del colegial de 14 años acribillado —le hallaron en el cuerpo 10 impactos de proyectil de arma de fuego— el mes pasado en Paso Ancho.

Foto con fines ilustrativos. Crédito Andrés Garita.
Foto con fines ilustrativos. Crédito Andrés Garita.

Derecho humano. Pero ¿por qué siempre es fundamental reflexionar sobre estos acontecimientos? Porque los homicidios, de cualquier categoría, atentan contra el bien jurídico más valioso y preciado de nuestra sociedad: la vida humana.

Votos cruciales de la Sala Constitucional, entre ellos el 2010-1668, establecen que «el derecho a la vida en su justa dimensión (...) es la esencia de los derechos humanos, pues sin vida no hay humanidad». Sin vida no tiene sentido ningún otro derecho.

Además, la violencia, y especialmente los homicidios, afectan el desarrollo integral de las sociedades y dañan seriamente la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Quién quiere vivir en una sociedad cargada de miedos y violencia? Cambiar esta realidad estadística no solo es un deber y obligación del Estado; es un derecho de todos los ciudadanos a vivir en paz, que puedan construir sus proyectos de vida en un marco de libertades y acceso a las oportunidades.

La violencia y el delito no solo pueden descontrolar el Estado de derecho, sino también afectar el tejido social. Ejemplos de estos niveles de violencia los tenemos en países cercanos.

¿Por qué Costa Rica y los distintos gobiernos desde hace muchos años han sido incapaces de dar una respuesta adecuada, que enfrente este complejo problema y muestre resultados positivos, es decir, menos violencia y delitos?

Independientemente de otras causas o motivaciones, que serán objeto de otro artículo, es necesario señalar que las respuestas se han centrado en una solución eminentemente punitiva.

Cárceles llenas. Desde que en 1994 las penas por homicidios y otros delitos fueron aumentadas, además de establecerse como máximo 50 años de prisión, los delitos se incrementaron y surgió otro serio problema: la sobrepoblación y hacinamiento carcelarios.

Los expertos son claros al afirmar la falta de correlación entre penas graves y grandes cantidades de presos con una disminución del delito y la violencia. Se ha producido todo lo contrario: cuanto mayor es la penalidad, hay más delitos.

Otra razón que debe mencionarse es la descoordinación interinstitucional para dar una respuesta correcta al delito y la violencia. Ejemplo de ello lo han dado tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo.

A finales del año pasado, el director del OIJ calificó al Ministerio de Justicia de «indolente y pasivo», en vista del problema de los presos en sus celdas, incluso lo acusó de quebrar el Estado de derecho.

Sin embargo, sobresale la falta de una política pública de Estado, no de gobierno, que resulte integral y duradera en la prevención, intervención y reinserción social de los sujetos involucrados en la violencia y el delito.

Pese a algunos esfuerzos de esta y otras administraciones, ninguna ha sido capaz de elaborar una política pública integral que sea conforme al acervo del sistema de las Naciones Unidas en materia de justicia penal y prevención de la violencia y el delito.

Existen modelos y experiencia en la región centroamericana y fuera de ella en materia de prevención y reinserción social en las cuales Costa Rica puede apoyarse. De igual modo, en nuestro país se han efectuado valiosos estudios, evaluaciones, proyectos y diagnósticos tanto cuantitativos como cualitativos que deben utilizarse.

Política integral. Costa Rica está a tiempo de reformular las estrategias para enfrentar la violencia y el delito, particularmente el homicidio, que es el más violento y grave. Pera ello debe abarcar por lo menos tres ámbitos: el normativo, el institucional y lo programático.

Podríamos iniciar siguiendo el modelo regional de política integral para la prevención de la violencia y el delito, elaborado por Eurosocial (2015). Aquí se recomienda constituir la política pública a partir de «un fundamento jurídico» de orden superior, en el marco constitucional y legal.

Por esto, resulta conveniente y oportuno discutir sobre un proyecto de ley de prevención integral de la violencia, el delito y la reinserción social, que desarrolle una política pública enfocada en el concepto de desarrollo humano y basada en los principios del Estado democrático y de derecho, que identifique los ámbitos de prevención, algunos urgentísimos como los homicidios. Asimismo, que permita una coordinación interinstitucional, público-privada y comunal adecuada para responder a este complejo fenómeno.

No existe ni un secreto ni soluciones mágicas que garanticen éxitos seguros y rápidos. Lo importante es no seguir haciendo lo mismo, repitiendo errores, que sabemos no soluciona ni reduce el problema, al contrario, lo aumenta. Es hora de que el homicidio no sea el pan de cada día.

El autor es abogado.