Si los diputados que investigaron durante casi dos años mi comportamiento en las campañas en que fui candidato hubiesen encontrado una sola evidencia de estafa o de otro delito, por más indirecta o débil que fuese, la habrían trasladado a la fiscalía, me habrían denunciado, y esa sería la principal recomendación de la comisión investigadora.
No lo hicieron, a pesar de su enconado objetivo y de reiteradas amenazas de enviarme al Ministerio Público, porque no encontraron un solo trazo de sustento que les permitiera seguir esa ruta.
Como el plan original era atacarme y sus motivaciones fueron desde siempre politiqueras y vengativas, no necesitaban encontrar evidencia de delito para pedir mi salida del BCIE y cuestionar mi ética y moral. Y así procedieron.
No encontraron nada, a pesar de su intensa búsqueda y un gasto millonario de recursos públicos, porque chocaron con otra evidencia: mi obsesión por la austeridad en el uso de fondos públicos en todo cargo que he ostentado hasta hoy. Obsesión que me ha deparado enemigos viscerales, por mi constante lucha para que ese comportamiento austero con los recursos de los costarricenses sea la regla en la función pública y dentro de la política.
La campaña del 2010 (como las dos anteriores) se rigió por las reglas de austeridad que introduje en el estatuto del partido desde su fundación. Por lo tanto, configurar la estafa para dotar al partido de centenares de millones de colones y cobrar al Estado dinero que no se había gastado en campaña habría sido imposible con los límites estatutarios al cobro de la deuda política con que enfrentamos la campaña. Esos límites se eliminaron tres meses y medio después de las elecciones de febrero del 2010 y fue lo que hizo posible materializar la estafa, tal como lo dice la sentencia de los tribunales de justicia (ej. págs. 1182 y 1189).
Me opuse férreamente por diversos medios a que se modificara el estatuto, pero a la Asamblea General del PAC la convencieron de la conveniencia de hacerlo.
Las campañas del 2002 y el 2006 sí se liquidaron acordes con mis principios de austeridad y con las reglas que incluí en el estatuto del partido cuando se fundó y que establecían un tope máximo al cobro de la deuda política.
Prioridad. En el 2002, la legislación permitía al PAC cobrar ¢1.243 millones, pero solo recibió ¢354,3 millones. El PAC ahorró al Estado ¢889,1 millones, equivalentes a $2,2 millones al tipo de cambio de entonces. No todo fue ahorrado voluntariamente. Una parte fue el resultado de la incapacidad que se tuvo para documentar todos los gastos. Pero ello mismo revela que nuestra prioridad no era cobrar al Estado, sino ahorrarle y demostrar que el dinero era un factor secundario en la política, ante una población educada y atenta a los debates y a las informaciones y entrevistas de la prensa escrita, radiofónica y televisiva.
En el 2006, la legislaciónfacultaba al PAC cobrar ¢4.949 millones, pero únicamente recibió ¢1.510 millones.
En este caso, el ahorro para el Estado fue de ¢3.439 millones, es decir, $6,7 millones de aquel momento.
No se trata de «galletas»: sin esos ahorros en esas dos campañas, la deuda del gobierno, dada la acumulación de intereses, sería hoy de $23,5 millones o ¢14.300 millones (sí, ¡catorce mil trescientos millones!) más elevada.
La contundencia de la actitud austera y ahorrativa de recursos públicos que he practicado y promovido en Costa Rica y en organismos internacionales con los que me he relacionado es también clara si comparamos lo que le costaron al país mis campañas en relación con las de otros partidos. En el 2002, el PLN recibió del erario ¢1.692 por cada voto que obtuvo; el PUSC, ¢1.581; el PAC recibió ¢482.
En el 2006, el PLN recibió ¢3.032; el PUSC, ¢3.565; y el PAC ¢1.431. Esto, a pesar de que puse rigurosos —ridículos decían algunos— límites a las contribuciones privadas. Mientras tanto, esos dos partidos contaron, por ejemplo en el 2002, con los aportes multimillonarios de «contribuyentes fantasmas» y de Waked International S. A., Pacific Co. Ltd. y Sunshine Ltd. ($555.000), o de empresas como Bayamo S. A., Gramínea Plateada S. A. y otras que en conjunto con otros aportes alcanzan ¢2.444 millones o $6,9 millones de aquella época (para más detalle sobre esta triste historia lean el artículo de Kevin Casas Zamora para el Estado de la Nación «Financiamiento de partidos políticos y campañas electorales 2003»).
Comportamiento personal. En mi vida pública —y no solamente en las campañas políticas en las que aspiré a la presidencia de la República—, mi comportamiento personal con respecto a los fondos públicos ha ahorrado miles de millones de colones al Estado costarricense.
Durante las campañas nunca tuve vehículo, ni choferes, ni combustible, ni salario, ni viáticos pagados por el partido. A pesar de lo normalmente practicado, preferí reuniones con poca asistencia a fingir multitudes regalando transporte, signos externos, comida y fiesta a costa de la deuda política.
En todo cargo público que he ostentado (ministro, dos veces diputado y director ante el BCIE) he devuelto parte de lo que he recibido al Estado y he ahorrado en lo grande y en lo pequeño. Por ejemplo, en mis ocho años de diputado (1994-1998 y 2014-2018) nunca viajé al exterior con fondos de la Asamblea Legislativa, nunca utilicé sus vehículos, nunca me alimenté en su soda y los poquísimos permisos que solicité para ausentarme con goce de dietas fue por razones estrictamente relacionadas con mis funciones.
En todos esos cargos he impulsado medidas para que se generalicen actitudes de ahorro y austeridad. Esto ha irritado a muchos y me ha granjeado muchos enemigos.
Pero lo haría igual si volviese a nacer, porque mis objetivos en la función pública no han sido construir amistades o ascender en los partidos a cambio de la complicidad o la tolerancia de los comportamientos que considero equivocados, sino hacer cambios.
A lo largo de mi vida pública he hecho numerosas propuestas sustantivas en materia de desarrollo, en el campo fiscal y para reformar el Estado. Creo que si algunas de mis propuestas en materia fiscal (como el plan acordado con la expresidenta Laura Chinchilla) y de racionalización del Estado (como el plan CERRAR) hubiesen sido acogidas, no estaríamos en la situación que estamos.
Pero me sentiría muy culpable si me hubiese limitado a esas importantes tareas y hubiese sido indiferente a las torerías y los abusos, si el miedo a actuar me hubiese derrotado o si me hubiese conformado con retirar un cheque al final del mes sin habérmelo ganado.
Los costarricenses deben entonces saber que la comisión legislativa que me investigó no pudo encontrar una sola evidencia que le permitiera hacer un show en la fiscalía mientras testimoniaban piezas y me denunciaban. Una conferencia de prensa en ese momento les habría sido extremadamente útil para sus aviesos objetivos.
Y no aleguen que no lo hicieron «porque los hechos estarían prescritos»: ¡Renuncié a toda prescripción hace más de ocho meses!
El autor es director por Costa Rica ante el BCIE.