Lawfare es una comodidad terminológica del inglés que gracias a su concisión acabó incorporándose a nuestra lengua, principalmente en los medios de comunicación. Es el sustituto oportuno de una larga serie de formulaciones complejas como persecución judicial, judicialización de la política, politización de la justicia, guerra judicial, etcétera. Todas rezuman una idea: el recurso abusivo o ilegal a las instancias judiciales, nacionales o internacionales, con el fin de obtener resultados políticos imposibles de lograr por medios constitucionalmente válidos.
En América Latina, la lawfare es ahora el atajo fácil hacia el golpe de Estado sin la participación de las fuerzas armadas, algo a lo que la prensa contentadiza le da el maternal nombre de “golpe blando”. Brasil y Ecuador, por ejemplo. En Europa, España se caracteriza porque ahí la oposición neofranquista ha secuestrado al poder judicial para convertirlo en el protector de la peor corrupción del continente, y en el ariete de sus intentos por derribar a como dé lugar un legítimo gobierno de coalición.
Una interesante discusión sobre este tema, en la televisión extranjera, puso a trabajar mis tres neuronas y al cabo de unos minutos recordé que hace pocos años leí algo sobre la leyenda según la cual Federico el Grande, tercer rey de Prusia, una vez terminada en 1747 la construcción de su Palacio de Sans-Soucis, en Potsdam, se propuso hacer que derribaran un molino de viento vecino porque le afeaba el paisaje, así que ofreció comprarlo. El propietario se negó a vendérselo y, en consecuencia, el monarca cuyas hazañas bélicas habían duplicado el tamaño del reino amenazó con expropiarlo. El molinero se limitó a replicar: “Majestad, ¡eso será si el tribunal cameral de Berlín lo permite!”.
En 1933, tras el advenimiento de Hitler al poder, el molino de Potsdam y el tribunal cameral de Berlín aún seguían ahí, el primero de pie y abanicando y el segundo funcionando con la independencia y la integridad que protegieron a un libre y desafiante molinero dos siglos antes. Pero al llegar el primer día de 1934 los “magistrados” nazis nombrados por Hitler no solo habían acabado con la independencia del tribunal de Berlín, sino que habían sepultado todo vestigio de justicia en Alemania.
El molino, por su parte, sigue en su lugar.
El autor es químico.