EscucharUn negocio oscuro, de alcances insospechados, podría estar gestándose entre bambalinas en las juntas de educación y administrativas de escuelas y colegios públicos.
A juzgar por las últimas publicaciones de La Nación, la malicia indígena aconseja prestar mucha atención a la danza de millones que pasa frente a las narices de estos órganos.
Las juntas están llamadas a operar como brazo auxiliar del Ministerio de Educación Pública (MEP) para administrar las transferencias que reciben los centros de enseñanza.
Solo este año, el MEP tiene previsto depositarles ¢190.000 millones para cubrir transporte estudiantil, becas, alimentación, materiales de aseo y reparaciones.
Resulta fácil imaginar la cantidad de concursos y contratos que deben suscribir cada año con múltiples proveedores. Y aunque muchas personas honorables realizan una tarea maravillosa y desinteresada desde esa trinchera, más de un vivillo podría aprovechar para meter un pellizco al dinero o para tejer redes de influencias con contratistas a cambio de algún beneficio.
La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, admitió que su cartera no puede fiscalizar el uso de los fondos que se giran a las juntas y advirtió de que como tales grupos son conformados por las municipalidades, el MEP carece de potestades legales para auditarlos.
De presentarse anomalías en alguna junta, el supervisor del centro educativo debe efectuar una investigación y, si constata algún hecho indebido, debe enviar el expediente al ayuntamiento.
La Contraloría hizo una advertencia en el 2020, cuando calificó a las juntas de “una especie de caja negra” y de “riesgosa” la forma como se gestionan.
Las municipalidades son, por ende, las llamadas a redoblar esfuerzos para velar por el uso eficiente del dinero de los contribuyentes. Sin duda, el primer paso es garantizar la idoneidad de los miembros de las juntas, pero las experiencias vistas en algunos ayuntamientos, como el de San José, alimentan las suspicacias.
Aparentes nombramientos a dedo y de clanes familiares son decisiones muy controvertidas, debido a que varias de esas personas enfrentan procesos administrativos y judiciales.
Queda la duda sobre si lo mismo estará ocurriendo en otras latitudes, donde la ambición pudiera estar drenando, a chorritos, el dinero destinado a los centros educativos.
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Las municipalidades son las llamadas a redoblar esfuerzos para velar por el uso eficiente del dinero de los contribuyentes y evitar que terceros hagan negocio. Foto con fines ilustrativos (Marcela Bertozzi)
