EscucharEl fallo de la Sala Constitucional con respecto a la ley de empleo público sienta las bases de cierto tipo de reforma del Estado, emprendida más en razón de la insostenibilidad de las finanzas públicas que en respuesta a los problemas estructurales. Pero es un buen comienzo.
La oportunidad de cambiar el caro y desigual sistema de salarios institucional debe ser aprovechada, y existen mecanismos expeditos, según explica el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle en estas mismas páginas, para votar la ley sin volver a caer en las redes de los oportunistas o representantes legislativos de los grupos de interés.
En estos tres años y unos meses, es justo reconocerlo, ha habido un grado de conciencia, no de todos quienes nos gobiernan, pero de los necesarios para estar a las puertas de una transformación fundamental. Ya vendrán las resistencias. Igual pasó con la regla fiscal y la nominalización de las anualidades. Las municipalidades se apuntaron una victoria al eximirse, pero cada batalla se da a su tiempo.
Tener hoy una reforma fiscal cuyos brotes comienzan a salir; una ley de huelgas libertadora de los frecuentes secuestros de los sindicatos, especialmente de los de la educación y la salud; y la posibilidad de poner coto al alza desmedida en las remuneraciones del gobierno como un todo es un hito histórico.
Nada de lo conseguido hasta ahora estaba contemplado en planes de gobierno, pero más valen realizaciones que promesas, afirmó el gran empresario periodístico Joseph Pulitzer en 1883.
En su fallo, dado a conocer el sábado, los magistrados confirmaron principios democráticos; una lección para redactar de mejor forma las leyes, sin pretensiones de violar solapadamente o por ignorancia la carta magna.
El reconocimiento de la autonomía enfatizada por los magistrados debe conducir a una revisión en lo interno de cada una de las instituciones donde los funcionarios son amos y señores.
La autonomía del Poder Judicial, por ejemplo, no ha sido utilizada para resolver los cientos de miles de casos acumulados en los archivos de los jueces, tampoco la de las universidades para procurar la entrada de más personas pobres a las carreras de mejor calidad impartidas por las casas de estudios superiores estatales.
Literalmente, gente muere sin resolución de litigios. Los jóvenes no fallecen inmediatamente, pero lo harán a largo plazo, ya sea intelectualmente porque la educación superior privada —con excepciones— en nada se compara con la estatal o porque sus oportunidades de acceso a trabajos bien remunerados disminuyen. Cuando el narcotráfico los recluta, nadie garantiza a los muchachos larga vida en ese ambiente.
La mala educación mata de forma simbólica. A la vista está el déficit de comprensión perceptible cuando se propone un cambio social y la manada lo ataca sin análisis ni reflexión, azuzada por los demagogos y populistas conocedores de esta desafortunada realidad.
En la autónoma Caja Costarricense de Seguro Social abundan las injusticias. Desde las ingratas filas en las madrugadas y cancelaciones de operaciones hasta la pensión regalada a los empleados con cargo a las cuotas obrero-patronales. La Gerencia de Pensiones no actúa todavía para reparar el daño infligido por desidia al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
El país está urgido de más filosofía y moral en todos los ámbitos. Dos cuestiones imposibles de llevar a la Sala Constitucional en busca de reparación para la sociedad.
Utilizar la autonomía con buen criterio deber ser compromiso de los servidores públicos en su papel como administradores de los bienes públicos, y mucho se les agradecerá afanarse en resolver el gran problema educativo nacional, para cerrar los círculos de pobreza económica y mental. El primer círculo parece tener más posibilidades de desaparición que el segundo.
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