Las juntas directivas de las instituciones son esenciales para definir y supervisar la estrategia. Son vitales para fiscalizar la gestión financiera y el uso transparente del dinero público.
Sin embargo, es primordial que quienes las conforman sean independientes y posean formación académica que los empodere para cuestionar, no solo para ganar la dieta. Tales principios están devaluados en algunas entidades, al punto que lo primero que perdieron fue su autonomía.
Casos preocupantes, en vista de las consecuencias para los ciudadanos, son la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la de la Banca para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto de Ferrocarriles (Incofer), entre otras.
Lo común en todas es la carencia de autonomía. Están dominadas por el poder político, y el agravante es que a quienes se atreven a cuestionar instrucciones se les suspende. Les ocurrió a cinco directivos de la CCSS por aprobar el aumento salarial; al director de la Banca para el Desarrollo, Miguel Aguiar, por poner en duda una reforma del reglamento; a dos directivos del INS se les investiga por criticar decisiones o exigir información detallada. En el Incofer es vox populi: por imposición política donaron 46 hectáreas, y era ilegal.
Lo sorprendente es el silencio. Por ejemplo, casi todos los sectores callaron ante el atropello en la CCSS. Ni sindicatos, ni cooperativas, ni solidaristas, mucho menos la Unión de Cámaras, reclamaron con contundencia por la suspensión de directivos, entre ellos, José Loría (cooperativas), Martha Rodríguez (sindicatos), Maritza Jiménez (solidaristas) y Jorge Hernández (Uccaep).
Esa complacencia es riesgosa. Refleja, por un lado, la necesidad de debatir si los sectores que conforman la Directiva realmente defienden los intereses del asegurado. Por otro lado, se impone llamarlos a la transparencia y a ser detallados en actas para que la opinión pública conozca quién es quién.
Los desafíos financieros, en infraestructura y crecientes listas de espera por atención médica, demandan a la Junta enfocarse en beneficio del asegurado, pero con fundamento técnico, no el político que los domina.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
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La Junta Directiva de la CCSS debe dejar de lado la intromisión política y actuar para resolver problemas urgentes, como la creciente lista de espera en cirugías, que afecta a 130.000 pacientes. (Cortesía )