Todo indica que la tajante orden de la Contraloría al Ministerio de Educación, para que prohíba a la Fundación Omar Dengo (FOD) participar en la ejecución de la Red Educativa del Bicentenario (REB), contiene grandes falencias jurídicas, financieras e interpretativas. Sin embargo, aún podemos darle el beneficio de la duda, si logra explicar por qué infló los costos del plan, desconoció la solidez del marco legal que avala el papel de la FOD en él, confundió las competencias reales de la Dirección de Informática del MEP y no tomó en cuenta que este mantiene las suyas en el proceso.
Pero sobre lo que no cabe duda es de que, si se descalabraran el proyecto y la alianza público-privada que lo sustenta, tendríamos que olvidarnos por años (¿o siempre?) de la REB. Las consecuencias para la educación y el desarrollo nacional serían catastróficas. ¿Lo habrá medido la Contraloría?
No existe en el país una institución más competente, experimentada, probada, ágil, transparente y responsable que la FOD para garantizar que la REB se convierta en realidad, que actúe como agente transformador de nuestro disfuncional sistema educativo, y que su relación costo-beneficio sea la mejor posible. Porque no estamos hablando, simplemente, de conectar centros educativos, sino de generar un sistema de interacciones, herramientas y procesos múltiples, que implicarán un salto cuantitativo y cualitativo para beneficio de los estudiantes, padres de familia, educadores y administradores.
El propio Ministerio reconoce que no tiene capacidad para encargarse del diseño, licitación, adquisiciones, controles y, sobre todo, puesta en marcha de la REB. La Fundación, en cambio, durante más de 30 años de fecunda interacción con el MEP, ha desarrollado un robusto músculo para impulsar esas tareas, con las guías y supervisión del caso. Los resultados están a la vista.
Pero hay otro tema de fondo: si la frágil «lógica» aplicada por la Contraloría contra esa relación se generalizara, conduciría a un entorpecimiento total de las alianzas público-privadas que tanto necesita el país. Unir con transparencia, pero sin trabas, los mandatos del Estado y la agilidad de organizaciones no gubernamentales, es una receta ganadora para el desarrollo. Sería catastrófico que la orden al MEP lo vuelva casi imposible.
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