EscucharEl Ministerio de Hacienda no incluyó ¢62.130 millones en el fondo para la lucha contra la pobreza, que equivale a un déficit del 24 % del total que debía presupuestar en el 2024, procedente del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) financia los programas de la política social selectiva, y se nutre de dos fuentes: el aporte de los patronos sobre los salarios y el IVA.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estableció que a partir del 2020 Hacienda debía incluir, como mínimo, ¢255.583 millones en el presupuesto anual de Fodesaf procedentes del IVA, pero después de la implementación de Ley 9524 para el Control Presupuestario de Órganos Desconcentrados, en el año 2021, la dirección que administra los recursos (Desaf) ni siquiera ha tenido claridad acerca del monto que efectivamente ha sido incluido en el plan de gastos, debido a que dicha ley obligó a incorporar los recursos en el presupuesto del Gobierno Central, lo que le ha restado poder de control, seguimiento y decisión a la Desaf, y se lo ha aumentado a Hacienda.
Según estimaciones de la Desaf, en el 2020, Hacienda dejó de incluir ¢29.000 millones destinados a Fodesaf, ¢59.000 millones en el 2021, ¢44.000 millones en el 2022 y ¢49.000 millones en el 2023. Es decir, no es la primera vez que ocurre, pero sí la primera vez que Hacienda lo certifica, debido a que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa incorporó una norma en la ley de presupuesto del 2024 que obligó a Hacienda a hacerlo. El 2024 sí es, sin embargo, el año de la mayor desinversión social para los programas que financia Fodesaf.
Por este motivo, varios diputados denunciaron al ministro de Hacienda ante la Contraloría General de la República por el “desmantelamiento de la inversión social”, especialmente, si se considera que el superávit primario del 2023 ascendió al 1,6 % del PIB, y los ¢62.130 millones no presupuestados a Fodesaf en este 2024 apenas representan el 0,10 % del PIB.
La afectación que este desfinanciamiento está causando a los programas para reducir la pobreza no es menor, y se une a la menor inversión en las políticas universales (educación, salud, etc.). ¿Veremos un cambio de tendencia en el año preelectoral?
El autor es economista.
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