Jorge Woodbridge. 27 junio

Hoy más que nunca necesitamos crear empresas para que ellas, a su vez, generen empleos. El Estado no puede crecer más, por el contrario, debe buscar la manera de achicarse. Mientras 330.000 funcionarios, que se calcula suma la planilla estatal, viven en el paraíso, ganando mucho sin mayor esfuerzo e inamovibles, al resto de la población solo le queda buscar formas de garnarse la vida.

Por eso debemos fortalecer la economía de mercado innovadora y moderna, facilitar al sector privado todo emprendimiento que ofrezca bienes y servicios competitivos. Una de las labores primordiales de un buen gobierno es estimular el sector productivo, fomentar un tejido vibrante y dinámico que pueda reinventarse y crecer, no con subsidios, sino eliminando trabas.

No acabaremos con la pobreza y el desempleo sin apoyar al sector productivo. ¿Cómo pueden las pymes sobrevivir si pagan un 43 % en cargas sociales y un 45 % en impuestos directos? La electricidad del ICE es carísima, representa, en promedio, un 30 % más que en otros países en competencia.

El costo de un big mac en Costa Rica vale el doble que en China y es más caro que en ocho países europeos.

No contamos para competir con infraestructura de calidad, necesitamos un marco legal simple, velocidad y calidad en telecomunicaciones, educación moderna y procedimientos simples para iniciar un negocio.

Para colmo, ponemos barreras comerciales, existe poca flexibilidad laboral, pagamos altos costos de seguridad, dificultamos el acceso al crédito, la resolución de la insolvencia es compleja y la corrupción creciente.

Difícilmente se crean pymes por las cargas y maraña de requisitos y papeles. Carecemos, en nuestro sistema educativo, de un enlace real para facilitar la oferta que exige el actual mercado laboral: énfasis en las materias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el inglés.

Pagamos altos impuestos municipales, al ruedo y por los combustibles, pero no contamos con infraestructura adecuada, lo cual, al final, aumenta los costos de logística.

Una estructura burocrática, costosa y distorsionada de la banca estatal nos obliga a pagar exorbitantes márgenes de intermediación financiera.

Nuestro sistema de salud se deteriora por malos manejos institucionales y presiones sindicales de la CCSS. Por ejemplo, según el artículo 12 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, “cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general que no se integren a la base salarial, los profesionales en ciencias médicas tendrán como mínimo un aumento porcentual igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”.

Por ello, un ajuste salarial para la Policía o los conserjes infla el gasto en salarios en la CCSS. A eso se le conoce como “ley de enganche”, un ominoso beneficio que debe eliminarse.

Pendiente. No podemos seguir acelerando el gasto público y que los problemas de seguridad, empleo, transporte, salud y servicios básicos sigan sin resolverse. No debemos seguir aumentando la electricidad y el combustible para pagar privilegios insostenibles. Algo estamos haciendo mal para atacar la violencia porque la criminalidad aumentó en un 50 % en solo cinco años.

Las municipalidades, a pesar de contar con recursos financieros crecientes, insisten en el exceso de trámites y pérdida de tiempo para el contribuyente.

En cuanto a la educación, cada vez aumenta más la disparidad en la calidad de la enseñanza, la preparación de los docentes, los tiempos de matrícula y la falta de escuelas y colegios en muchos lugares o en pésimas condiciones donde los hay.

Con respecto a la salud, el 30 % de los habitantes se queja de los Ebáis, el 40 % de las clínicas y un 47 % de los hospitales. Los gastos familiares en salud privada se han incrementado porque la CCSS se niega a hacer ajustes y las listas de espera siguen creciendo.

La saturación de procesos judiciales, papeleo, duración e interrupciones, evita que se garantice una justicia pronta y cumplida.

Austeridad y eficiencia. No cabe duda, el equilibrio fiscal a corto plazo es prioridad y eso significa generar nuevos ingresos (impuestos) y ser austeros con los gastos por un billón de colones.

El gobierno debe modernizar nuestro sistema tributario, fortalecer el Gobierno Digital, ordenar los 115 pluses que incrementan exponencialmente los salarios, limitar las pensiones millonarias, atacar la evasión y el contrabando, obligar al uso de la factura electrónica, acelerar cobros, recuperar las pensiones de fallecidos, revisar importaciones, evaluar exoneraciones, analizar precios de transferencias e implementar un buzón electrónico para denuncias.

Todas las medidas anunciadas por la ministra Rocío Aguilar, que se discutirán en la Asamblea Legislativa, apenas reducen el déficit fiscal en un 1,4 % PIB, por lo que hay que actuar drásticamente contra otros disparadores del gasto público.

El déficit fiscal del Gobierno Central llegó a un 2,6 % del PIB en mayo, los gastos crecieron un 8 % y los ingresos solo en un 1,7 %, con el agravante de que el 48 % del incremento de los gastos se debe a los intereses de la deuda.

El pago por intereses y amortización, a mayo, fue de ¢100.000 millones, un 7 % superior al año pasado. Los compromisos de la deuda interna pasaron del 5 % al 34 % en los últimos dos años. Hay que actuar rápido por el lado del gasto y el ingreso para volver a dar confianza a la inversión y, con ello, vendrá la generación de empleo.

Endeudamiento. No podemos seguir endeudándonos y generando obligaciones a las futuras generaciones para pagar los actuales privilegios. Las familias y las empresas se vuelven cada vez más conservadoras o menos proclives al riesgo, conscientes de los peligros de una crisis fiscal.

Costa Rica, si no toma medidas drásticas a corto plazo, no podrá refinanciar una deuda pública que creció del 24,4 % del PIB en el 2008 al 49,2 % del PIB en el 2017, y el déficit primario para el 2018 estará en un 3,1 %, con lo cual crecerá de nuevo la deuda pública.

Está claro que este año será de ajustes ante una situación fiscal insostenible. Los pluses del Gobierno Central significan este año ¢2,4 billones. Son muchas instituciones que, por presiones de sindicatos y reglamentos del contrato de trabajo, han promovido todos esos privilegios.

La ratificación de un voto de la Sala Constitucional en los años 90 le dio total autonomía a los poderes de la República para fijar sus remuneraciones, con lo cual les dio carta blanca para emprender una carrera alcista sin precedente de las condiciones laborales, sin importarles la sostenibilidad a largo plazo.

La fiesta con los recursos públicos se dio en el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes. El gasto en remuneraciones creció para superar el 83 % del total de los ingresos.

Paralelamente, la Contraloría General de la República y las universidades publicas actuaron del mismo modo. Ofrecieron gollerías que ahora afectan la estructura del gasto del gobierno con gran rigidez y costo.

Anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros incentivos se han creado en cadena. En materia salarial, hay empleados de diferentes categorías.

Pongamos orden antes de que sea demasiado tarde. No puede ser que un funcionario gane hasta ¢3,2 millones más que otro en el mismo puesto dentro del presupuesto del Gobierno. No puede ser que en 10 ministerios algún funcionario gana hasta ¢4 millones más que un ministro.

Tenemos múltiples problemas que resolver para mejorar nuestra competitividad. De ahí la importancia de balancear las medidas de nuevos impuestos a los ciudadanos y recorte de gastos. De no hacerse en forma solidaria, todo el esfuerzo del gobierno por ordenar las finanzas no se logrará, con los altos costos sociales que eso significa.

El autor es ingeniero.