EscucharCosta Rica se precia de ser un país con vocación tecnológica. Intel está de acuerdo. Por eso mantiene un centro de investigación y desarrollo en nuestro territorio. Tenemos, además, el mérito de ser exportadores de software y en el Instituto Tecnológico nuestros científicos consiguieron hacer un disparo de plasma.
La lista podría ser larga, pero no hace falta extenderla para preguntar cómo, en un país con semejantes habilidades e inclinaciones, carecemos de vigilancia electrónica para frenar la espantosa sangría en las carreteras. Hace años se nos ocurrió instalar cámaras para complementar la escasa supervisión de menos de mil oficiales de tránsito, distribuidos en todo el país y en todos los horarios. La solución tecnológica es idónea y funciona en el mundo entero, pero en Costa Rica pueden más los obstáculos administrativos.
A inicios del 2017, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunció la pronta conclusión de un reglamento concebido para superar las objeciones de la Sala Constitucional a la normativa anterior. Durante el segundo semestre del año, las autoridades lanzarían una campaña informativa para enterar a la población de las particularidades del sistema. En enero del 2018, hace seis meses, tendríamos el plan piloto, con cámaras instaladas en la ruta Cañas-Liberia y en la vía entre Pérez Zeledón y la zona sur.
Nada de eso sucedió y, en su lugar, Cosevi informa de la aprobación, por su Junta Directiva, de una contratación sin contenido presupuestario. El cartel de licitación está en etapa de revisión final. Luego será necesario resolver el problema del contenido económico y adjudicar el contrato. Nada de eso ocurrirá pronto. Tampoco podemos decir cuándo.
Solo hay certeza de centenares de muertos y más heridos en los meses por venir. Gastaremos caudales en atención médica y el Instituto Nacional de Seguros pagará millones, aunque no los necesarios para compensar a la Caja Costarricense de Seguro Social. El sufrimiento será, como siempre, de cuantía inestimable.
Vistas las consecuencias previsibles, no hay justificación para prolongar la espera. La vigilancia electrónica es urgente y, a mayor abundamiento de razones para aplicarla, ningún conocedor de nuestras carreteras dudará de la aptitud de las cámaras para pagarse a sí mismas a corto plazo, no digamos con el ahorro de pérdidas causadas por accidentes, sino con el pago de multas. Confiemos en la imprudencia de nuestros conductores para proporcionar al programa un generoso contenido presupuestario.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
