Entre líneas: Defensoría a la medida

La reforma al estatuto institucional se dio a conocer con su publicación en La Gaceta y no pasó por el despacho de la directora jurídica, pese a lo dispuesto por la propia normativa. Para rematar, la defensora, Catalina Crespo, anunció el propósito de ejecutar más cambios en el futuro próximo.

El Consejo de Directores había instado a la defensora a renunciar luego de sus polémicas actuaciones en la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y el naufragio de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa. Los directores salieron en defensa de la institución, sometida al ridículo y herida en su credibilidad por una cadena de desaciertos, incluida la informalidad del interrogatorio al presidente de la República, el extravío de la grabación, la tardanza en informar de la pérdida, las razones alegadas para justificar la demora, la exclusión del exministro de la Presidencia del informe y el atropellado proceso para producirlo, entre otros motivos de sonrojo.

Los directores no fueron los únicos en manifestarse. Otros 54 funcionarios hicieron lo mismo. En conjunto, son más de la tercera parte del personal, incluidos los mandos superiores. La funcionalidad de la institución, no puede ser más obvio, está comprometida. La reforma unilateral del estatuto para marginar a los directores confirma la imposibilidad de un entendimiento interno y profundiza el conflicto.

Hacia fuera, el daño es todavía mayor. La Defensoría es una magistratura de influencia. Su relevancia descansa sobre la autoridad moral de sus funcionarios y la solidez de sus conclusiones. La defenestración del Consejo de Directores, a los pocos días de su público enfrentamiento con la defensora, termina de opacar la credibilidad de quien está obligada a velar por la institución como cortapisa del abuso. Para cumplir ese encargo, el funcionario debe ajustarse al marco institucional y no a la inversa.

Es hora de que la Asamblea Legislativa intervenga para corregir el rumbo de su importante órgano auxiliar. Importante, claro está, en tanto conserve su autoridad y funcionalidad. La defensora no parece darse cuenta de que ambas están irreparablemente dañadas.

agonzalez@nacion.com