Jorge Vargas Cullell. 3 abril

¿De dónde vienen las disrupciones que sacuden la modorra y cambian rápidamente las maneras como las cosas se hacen? Es una pregunta formidable, por cierto, formulada por una persona muy inteligente cuando hablábamos sobre transporte basado en energía eléctrica.

¿Será que debemos esperar que el MOPT formule la política respectiva? ¿O que el ICE invierta en la creación de una infraestructura pública de estaciones de recarga? ¿Que el Consejo de Transporte Público (CTP) aproveche que en el 2021 se vencen las concesiones para obligar a un plan progresivo de sustitución de los buses de diésel?

Sinceramente, dudo mucho que a las instituciones públicas les dé un ataque de innovación. Ojalá, pero no. Las razones para el pesimismo son varias: resistencia burocrática al cambio, presiones de grupos privados, limitaciones presupuestarias y el efecto paralizante de los intereses en conflicto dentro del mismo Estado, pues por un lado cobra el impuesto sobre combustibles y, por otro, quiere descarbonizar la economía.

Si me asomo al sector privado, las perspectivas no mejoran. El negocio principal de las empresas importadoras de carros y buses está en los vehículos de combustión y le sacarán todo el jugo hasta donde puedan. Los buseros prefieren quedarse como están, pues aducen que la manta no da para comprar buses eléctricos más caros. Y los gremios empresariales están en otras.

El consumidor medio tampoco está para mucho mate. Los carros eléctricos, pese a las exenciones, siguen caros, y las motos son una solución de bajo costo para quienes huyen del transporte público.

¿Entonces qué? ¿Estamos condenados a una matriz de transporte “sucia” como la de hoy, basada en combustibles fósiles?

Probablemente, la salida sea menos planificada de lo que creemos y más concertada de lo que pensamos. Necesitamos campeones del transporte eléctrico, gente o agrupaciones, actores públicos o privados, que actúen como una red y vayan creando un efecto de “bola de nieve”.

Un empresario de buses que electrifique progresivamente su flota, una asociación que promueva las buenas prácticas, funcionarios públicos que decidan electrificar la flota de su institución, un proyecto “estrella” de transporte público y una masa crítica de consumidores que apueste por nuevos valores. ¿Y el gobierno? Que no ponga trabas.

Estoy seguro de que no es una buena respuesta a la pregunta, pero, a hoy, no veo otra.

El autor es sociólogo.