En el Día Internacional de la Paz, pensemos en grande

Costa Rica es históricamente reconocida por su compromiso con la paz y la democracia en la región y el resto del mundo. Me valgo de información que compartió Fernando Zamora Castellanos en un artículo de opinión recientemente publicado en este medio, donde resalta cómo la población costarricense se caracterizó desde los albores de la independencia por ser una nación de vocación pacífica.

Más adelante, la decisión de abolir el ejército en 1948 enfocó nuestra atención hacia la educación y las políticas sociales y reforzó, en el plano internacional, el compromiso inequívoco contra la violencia. Además, la constitucionalización del derecho a recurrir al arbitraje abrió nuevas vías para la resolución pacífica de conflictos patrimoniales.

El galardón del Premio Nobel de la Paz en 1987 también destacó nuestro compromiso con la colaboración en los procesos de paz en medio de los conflictos bélicos que sacudieron Centroamérica en la década de los ochenta. De manera consecuente, el sometimiento en noviembre del 2010 y febrero del 2014 a la Corte Internacional de Justicia para resolver el conflicto fronterizo con Nicaragua subrayó nuestra deferencia a los mecanismos internacionales para buscar soluciones definitivas a las disputas.

No menos importante es nuestro sólido historial de resultados positivos en las demandas presentadas por inversionistas contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), lo que evidencia una apuesta por la seguridad jurídica que prevalece en nuestro país y el respeto por los compromisos adquiridos, cuestiones clave para la inversión nacional y extranjera.

En conjunto, estos logros refuerzan la posición de Costa Rica como un país que opta por la paz, la estabilidad y el compromiso con la resolución pacífica de disputas.

Este año se celebran 25 años de la vigencia de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC). Esta ley ha impulsado de manera notable el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, y también ha consagrado el derecho a recibir una educación adecuada sobre la paz en nuestras escuelas y colegios.

A partir de la entrada en vigor de la Ley RAC, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de brindar a sus alumnos una comprensión de la naturaleza de la paz y de las exigencias inherentes a la construcción continua de un entorno pacífico. Ello complementa la formación en democracia que significan las elecciones infantiles, cuestión elemental de tan arraigada tradición democrática.

Es hora de renovar los votos con este esfuerzo para materializar plenamente este derecho a una vida en paz y de apropiarnos de las soluciones a nuestras desavenencias. En ese sentido, abogo por la ratificación y entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (Convención de Singapur).

El resultado de la mediación es un acuerdo por escrito que pone fin a la disputa y que adquiere fuerza de cosa juzgada cuando se trata de derechos disponibles. Es una herramienta que adquiere cada vez mayor atención de inversionistas y de entidades estatales, pues contribuye a mantener las relaciones entre las partes.

La Convención de Singapur dotará de seguridad jurídica a las mediaciones internacionales comerciales y de inversión y facilitará su ejecución. En la región, solo ha entrado en vigor en Ecuador y Honduras; se encuentra en la corriente legislativa y ojalá pronto sea una ley en nuestro país.

Por otro lado, Costa Rica cuenta con condiciones propicias para convertirse en un centro de arbitraje internacional en la región centroamericana. El arbitraje sería, en efecto, la exportación de un servicio de alto valor agregado y ofrecería encadenamientos con el turismo, oportunidades laborales y oportunidades para profesionales en derecho.

Poseemos amplia infraestructura hotelera, una cultura y economía especializadas, basadas en la recepción de turismo, buena seguridad pública, ubicación geográfica favorable y amplio acceso a internet de alta velocidad; ventajas como estas se confirmaron en setiembre de 1979, luego de la recomendación de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de aprobar la oferta formal del gobierno de Costa Rica para establecer la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país.

Para ello, es clave aprobar la reforma legal que también está en la corriente legislativa para modernizar el marco que regula el arbitraje: se opta por cambiar de un sistema dualista a uno monista (es decir, de dos leyes que regulan el arbitraje, una el nacional y otra el internacional, se pretende que sea una ley la que brinde el marco para ambos tipos de casos).

Es importante que nos sintamos orgullosos de nuestra autoridad moral, que se compone no solo del compromiso individual por cultivar la paz, apostar por el diálogo y apropiarnos de la solución a nuestros conflictos, sino también de nuestra proyección en el mundo como una nación pacífica y democrática.

La autora fue ministra de Comercio Exterior y es abogada especialista en arbitraje.