EscucharLa crisis política de Nicaragua se las trae. Por una parte, la sangre sigue corriendo en sismos reminiscentes de los fuegos del 78, en el entierro de Pedro Joaquín Chamorro, cuando el pueblo selló, en las calles, la agonía terminal de la dinastía somocista. Pero hasta ahí llega la similitud de la inestabilidad de hoy con el escenario de ayer.
Hace 40 años, un colectivo de intelectuales, encabezado por Sergio Ramírez, se agrupaba en el Grupo de los 12 para señalar derroteros al descontento popular. En el exilio y en Nicaragua se organizaba la oposición, el sandinismo se declaraba democrático (vaya ironía) y la empresa privada cerraba filas, organizando paros nacionales contra el dictador. Nada de eso existe ahora.
El Somoza de ahora, de apellido Ortega, aprendió mucho, desde entonces. Ha logrado una destrucción completa de la oposición política y sepultó la crítica intelectual bajo bombardeo mediático masivo. Quedaron solo voces aisladas, imposibilitadas ahora de orquestación coherente. Tan cabal fue su sistema de zanahoria clientelista y garrote represivo que, aparte de los estudiantes, en la mesa de negociaciones solo está presente la empresa privada como contraparte. Pero el pueblo los siente cómplices silenciosos de la desarticulación institucional y eso los deslegitima.
Desde hace varios años, promotores de derechos humanos y defensores de la institucionalidad han promovido la intervención de Washington. Calificada como hija de los atropellos de Ortega, la NICA-Act (Ley de Condicionalidad de Inversiones en Nicaragua) está en la corriente legislativa norteamericana. Ya fue aprobada por la Cámara Baja y está en espera de su ratificación por el Senado. Esa propuesta de ley establece la condicionalidad de los préstamos bilaterales de Nicaragua a la celebración de elecciones libres, al respeto de derechos humanos y a la restauración de su institucionalidad. El sector privado, al tiempo que reclama una silla en el diálogo con el régimen, cabildea en Washington su rescate.
Repentino. El estallido solo pudo ocurrir inesperado y repentino, sin tiempo para amenaza, corrupción o chantaje. En el dique represivo y clientelista, una gota de resistencia insospechada encontró la grieta inadvertida. Eso convirtió la habitual represión en mecha de un incendio inopinado. Los estudiantes mismos fueron sorprendidos por la fuerza de los agravios acumulados, sin tiempo para madurar liderazgos, ni espacios para estructurar rumbos concertados.
La rebelión porfía, sin respiro, contra todo presagio de cansancio, mientras el régimen busca ganar un tiempo que ya no tiene. Como reguero de pólvora, estallidos populares impactan la vida de los poblados. La represión persiste, avivando el fuego, impotente para refrenar la ira.
Las campanas de las iglesias tañen a duelo y alarma. No hay vuelta atrás, pero hacia adelante la ruta está oscura.
Salvo en el alma popular, donde no caben más promesas incumplidas, los bastiones del régimen siguen intactos. Ejército y Policía continúan bajo el mando vertical de la pareja de tiranos.
De nueve canales de televisión abierta, cinco pertenecen a la familia Ortega-Murillo y cuatro son afines al régimen. Dos empresas de radio son parte del caudal familiar y monopolizan la publicidad del Estado. Las radios independientes desfallecen sin pauta porque las empresas privadas las evitan por complicidad o temor a represalias. La prensa escrita llega apenas al 1,5 % de la población.
La oposición fue totalmente desarticulada, pero el partido sandinista es una presencia amenazante hasta en el último rincón del país. Con camisas “rosado-chamuca” y no negras como las de Mussolini, la Juventud Sandinista es una maquinaria bien aceitada de un neofascismo de izquierda que sirve para reprimir protestas, movilizar a las urnas o repartir víveres.
Brazo opresor. El control absoluto del Poder Judicial es la bisagra más importante del régimen. De 16 jueces, 11 son sandinistas y controlan la Corte Suprema de Justicia. Desde ahí fiscalizan jueces menores y determinan sentencias, legalizan amenazas y legitiman arbitrariedades. Así se destituyeron diputados opositores, se cohonestó la reelección de Ortega y se anuló la inscripción de partidos incómodos. Quedó proscrita, de iure, la competencia política.
Esta maquinaria se fue gestando en casi 30 años. De una difícil transición, bajo Violeta Chamorro, con un gobierno acosado por las turbas sandinistas, se pasó a abierto contubernio cómplice con el gobierno de Arnoldo Alemán. Así, con alta corrupción, se repartieron puestos judiciales. Luego, vino la división insensata de la oposición liberal y ese cisma se sumó a la baja sensibilidad social del gobierno de Enrique Bolaños para permitir el retorno de Ortega, con apenas el 38 % de los votos.
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Los vientos estaban a su favor. Venezuela, en tiempos de vacas gordas, aportó $4.000 millones bajo la total e irrestricta administración personal de Ortega y se convirtió en el segundo destino de las exportaciones nicaragüenses. Hoy los vientos soplan en contra. El escenario político venezolano que combina desastre económico, crisis humanitaria, repudio ciudadano e impotencia política se acerca amenazante a la sufrida garganta pastoril de América.
No estamos ahí, todavía, pero nos acercamos. Ese abismo generaría masivos desplazamientos de población hacia nuestras fronteras. Por ellos y por nosotros, ¡Dios no lo quiera!
El pueblo ha perdido el miedo a expresar su repudio, pero en ausencia de agenda y de legítimo liderazgo opositor, la salida a la crisis se alarga. La ciudadanía sabe lo que quiere, pero no cómo alcanzarlo. Ortega, que eliminó adversarios y desintegró la oposición, creó un inmenso vacío de interlocución y quedó solo en la mesa. Nada menos que su salida del poder podrá contener de forma sostenible los descontentos. Pero al destruir una contraparte legítima, el país quedó en la incertidumbre, bajo la fuerza ciega de las calles y con Ortega solo en su laberinto.
La autora es catedrática de la UNED.
