El Informe de política monetaria del Banco Central contiene unas estimaciones sobre la evolución futura de la deuda del Gobierno Central que generan ciertas dudas.
El gráfico 31 del informe indica que la relación deuda pública sobre PIB mantendrá, este año y el entrante, el nivel alcanzado en el 2022, alrededor del 63,8 %. Pero después de tres años muy parejos, curiosamente y de repente, en el 2025, esa relación bajará 4,4 puntos porcentuales, hasta el 59,4 %.
Es una rebaja considerable en el cálculo de la deuda con respecto a la efectuada en abril pasado. Anteriormente, se decía que en el 2025 llegaría a un 62,2 %, 2,8 puntos más que la nueva estimación.
¿Qué explicación puede haber para ese salto? El documento del Central no la da. Simplemente, nos dice que las previsiones se hacen “con la mejor información y supuestos disponibles a la fecha”. Al consultar a don Roger Madrigal, presidente del Banco, contestó que ellos únicamente toman la información que el Ministerio de Hacienda les proporciona. Así no más, sin ningún análisis crítico por parte de un Banco Central que se supone que es independiente.
Para que algo así suceda, tendría que ocurrir uno o varios de los siguientes supuestos: que el superávit fiscal primario del gobierno crezca muchísimo, ya sea porque aumentan mucho los impuestos o se recorta mucho el gasto; que la producción nacional crezca mucho más; que el gasto en intereses debido a la deuda del gobierno caiga fuertemente, ya sea por menores tasas de interés o por una mayor apreciación del colón; o que haya un pago extraordinario de la deuda por la venta de algún activo del Estado (¿BCR?).
Algunos de estos factores ya se están dando, parcialmente, pero es difícil creer que, de repente, alguno cambie tanto como para impactar fuertemente la deuda en el 2025, y no antes de ese año. El informe del Banco Central no ayuda a dilucidar la duda, ya que no da detalles de cuál o cuáles pueden ser esos cambios repentinos.
El asunto es relevante, ya que, en el caso de que la deuda caiga por debajo del 60 % en el 2025, la aplicación de la regla fiscal sería menos restrictiva a partir del 2027, dos años antes de lo previsto en enero. Con ello, el gobierno podría aumentar más el gasto corriente y de inversión, y retomar los incrementos de salarios para empleados públicos.
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El autor es economista.
