Democracia, desinformación y desigualdad

Ningún otro sistema político depende tanto de los gobernados, porque ningún otro deposita en ellos tanta responsabilidad como lo hace la democracia. Porque la democracia es el gobierno de la opinión, donde distintos actores toman sus decisiones a partir de los climas de opinión imperantes y la gente vota según su propia opinión, que se forma sobre la base de la información disponible y el conocimiento con que cuente para procesarla.

Libres como son los ciudadanos para, como mínimo, escoger y remover a sus representantes, deben ser capaces de premiar su buen desempeño, o de castigarlo si es malo, con la fuerza de sus votos, lo que presupone, claro, que puedan saber qué hacen los políticos y comprenderlo.

Para eso, para enterarse del comportamiento de los políticos y entenderlo, necesitan información y conocimiento. Las dos cosas: información veraz y suficiente, y también las claves para masticarla, hacerla suya, convertirla en conocimiento propio. Sin eso, el voto pierde músculo como herramienta de control ciudadano de los políticos.

Esa necesidad de saber qué ocurre se ve obstaculizada por el fenómeno de la desinformación, que nos satura de tanto estímulo comunicacional que nos impide prestar la suficiente atención a las cosas y discriminar entre lo real y lo falso, lo importante y lo banal. El rostro menos halagüeño de la sociedad de la información: todo el día conectados, siempre irritados, pero nada informados.

Capacidad de juicio

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Desasosegados, perplejos y distraídos, no solo por el bullicio cacofónico que se genera naturalmente en las redes, sino también por las estrategias de simulación de interacción digital dirigidas tanto a impedir que conversemos y nos formemos sosegadamente una opinión de las cosas como a aparentar corrientes de opinión que, en realidad, no son tales. Y movilizados, permanentemente movilizados a opinar, manifestarnos, posicionarnos, a través de tecnologías de publicación autónoma como nunca antes tuvimos a la mano en la historia.

Asimismo, la necesidad de comprensión se ve obstaculizada por el fenómeno de la desigualdad económica, que deja a amplios sectores de la sociedad sin los recursos para ejercer, en la práctica, la igualdad política que teóricamente les reconoce la Constitución.

La capacidad de juicio no tiene solo que ver con la inteligencia y con el acceso a la información. Tiene una dimensión socioeconómica. Sin la educación necesaria para interpretar adecuadamente la información que reciben, sin la alimentación requerida para que sus neuronas tejan sinapsis estables y sin tiempo libre para dedicarlo a pensar qué es lo que realmente les conviene de los cursos de acción que se discuten en la sociedad, muchos, aunque empadronados, están siendo expulsados del debate público.

A personas que se les va la totalidad del día consiguiendo el sustento diario y que, con suerte, regresan a casa reventadas tras una larga jornada laboral, no puede pedírseles que comprendan, ni siquiera que estén enteradas de los asuntos públicos. Aunque les demos cédula y les pongamos urnas cerca de casa, se les está marginando fácticamente del foro público, del que luego, para extrañeza de nadie, no suelen salir decisiones sensibles a sus carestías.

Como si esto fuera poco, los desafíos políticos, los grandes temas que hoy las sociedades deben afrontar, son cada vez más complejos. Eso complica más la situación porque, cuando peor informados estamos y menos capaces somos de comprender lo que pasa, es justamente cuando más sofisticación técnica, documentación y tiempo de estudio son necesarios para hacerse una idea básica de las cosas.

Calentamiento global y pensiones son solo dos ejemplos de cuestiones inaplazables e imperiosas de atender si no queremos, cuando viejos, morir ahogados o de un golpe de calor, o de hambre y sin atención médica en esa misma etapa vulnerable de la vida, y son ambas cuestiones complejísimas no ya de resolver, no, solo de entender básicamente.

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Atajos perjudiciales

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Ante ese panorama tan desolador, no son pocos los desarrollos teóricos y filosóficos que ya empiezan a proponer fórmulas para “racionalizar” los procesos políticos. Fórmulas lotocráticas, tecnocráticas y epistocráticas, que no puedo detallar aquí, pero que, disimulada o abiertamente, plantean la necesidad de superar el gobierno de la opinión pública, que es tanto como abolir o tornar irrelevante la universalidad del sufragio, para hacer prescindibles a esos ciudadanos que la democracia presupone, pero que en realidad no están fungiendo como tales.

Fórmulas para la construcción de la polis que se presentan como novedosísimas, pero que son tan viejas como la tradición platónica del tutelaje: la gente es tan tonta que cuanto menos libertad y derechos de participación se le dé, mejor le irá, porque menos daño se hará a sí misma.

A esos “atajos” para salvar la democracia (restringiéndola) los descarto como opción cuando recuerdo las palabras del gran Guillermo O’Donnell: “El factor fundante de la democracia es la concepción del ser humano como un agente, alguien que está normalmente dotado de razón práctica y de autonomía suficiente para decidir qué tipo de vida quiere vivir, que tiene capacidad cognitiva para detectar razonablemente las opciones que se encuentran a su disposición y que se siente —y es interpretado por los demás como— responsable por los cursos de acción que elige. La democracia es una apuesta institucionalizada: cada ego debe aceptar que todo alter participe votando y, eventualmente, siendo elegido. Una apuesta que cada ego debe aceptar incluso si cree que permitir a ciertos individuos votar o ser elegidos es inadecuado”.

Nuestro mayor desafío político hoy es luchar contra la desigualdad y la desinformación que minan la fuerza de la ciudadanía, pero reafirmando la igualdad universalista de la democracia, que es la mayor conquista moral de la humanidad.

Construir ciudadanía y proteger celosamente la savia de la democracia, que no, no son los votos ni las leyes, sino la conversación pública de los ciudadanos. Y eso requiere, para empezar, un cambio de paradigma en la forma en que tradicionalmente hemos entendido los derechos civiles y políticos.

Ciudadanos dispuestos a conversar

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No basta que se les garantice a las personas el derecho a acceder a la información que deseen y a opinar la tontera que quieran en una pantalla de cristal líquido. Como tampoco basta que se les garantice el derecho a votar libremente. Nuestras democracias liberales, con su acentuada noción de libertad negativa, se han preocupado, sobre todo, por proteger la libertad de expresión de las mordazas y el derecho al sufragio de las coacciones. Y sí, son conquistas inapreciables, pero, como dijo Hannah Arendt, “la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información factual”, y, como advirtió John Stuart Mill, “sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible”.

Si algo están dejando claro los tiempos que corren es que la protección de esa libertad negativa, aunque necesaria, es clamorosamente insuficiente para evitar que el vino nuevo de la ebullición social reviente el odre viejo de nuestro sistema político.

Necesitamos una conversación pública, si no inteligente, cuando menos inteligible, nutrida de hechos sobre los cuales haya un consenso básico y animada por una pluralidad de opiniones reflexivamente formadas por personas capaces de distinguir —sobre la base de criterios de verosimilitud compartidos— lo cierto de lo falso, competentes para discernir qué les conviene y con el manejo mínimo del castellano como para poder planteárselo a sus semejantes con cordialidad cívica. Necesitamos, en suma, ciudadanos dispuestos a conversar, no hinchas a los que se concede la libertad de insultar.

Nacemos seres humanos, pero no nacemos ciudadanos. No en el sentido potente del concepto. A ser ciudadano se aprende. Es algo que debe formarse. En la familia, en la escuela, en los medios de comunicación. Toda una serie de valores y destrezas básicos para participar en la construcción del mundo común, en la polis, que no es una simple aglomeración de gentes en un territorio (unos en palacios y otros en barrancos).

Lo mismo ocurre con la conversación pública. No surge espontáneamente. Aparte de referentes y autoridades fundadas en el prestigio (académicos, intelectuales, artistas, líderes de opinión en general), necesita moderadores, agenda, filtros, profesionales que la auspicien y le aporten hechos verificados en torno a los cuales discutir.

Ya están “inventados”, pero terriblemente infravalorados. Se llaman periodistas, y tan lejos están de relevarlos los algoritmos de las plataformas de las redes sociales, como lejos está el ruido del enjambre digital de ser el debate público que la democracia requiere.

Es ahí donde hay que poner el foco. No solo quitar trabas. Invertir esfuerzo, pensamiento, ciencia y dinero; el Estado y el sector privado. Todos. Es ahí y ya, si queremos que en 26 años, cuando se cumplan 100 de nuestra última ruptura del orden constitucional, esto siga siendo una democracia.

tavoroman@hotmail.com

El autor es abogado.