Si hay una política que refleja la vocación empobrecedora de los últimos dos gobiernos es su obstinación por el proteccionismo.
Costa Rica fue un miembro ejemplar de la Organización Mundial del Comercio desde su incorporación en 1995. Incluso fue el primer país en ganar una disputa a EE. UU. en dicho foro.
Sin embargo, desde el 2015 ha venido imponiendo sin ningún sustento técnico medidas restrictivas a la importación de productos agrícolas, lo cual le ha valido disputas comerciales con México, Brasil y Canadá.
Por más que la retórica oficialista quiera hacernos creer que se trata del uso legítimo de mecanismos comerciales en defensa de intereses nacionales, lo cierto es que la mayoría de los costarricenses perdemos con el proteccionismo.
En primera instancia está el ampliamente documentado impacto sobre los consumidores. El último informe de la OCDE señala que la protección sobre productos como la leche, el arroz y el azúcar «ha llevado a una categorización general de Costa Rica como un país caro, donde una canasta básica de bienes y servicios cuesta significativamente más que en los países vecinos». Al encarecer bienes de consumo básico, el proteccionismo es la política económica más regresiva.
Luego el costo de la litigación en foros internacionales, que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Tan solo en el caso de la prohibición del aguacate mexicano se estimó que la defensa ante la OMC nos costará cuando menos ¢360 millones.
También está la afectación a exportadores nacionales. En el comercio internacional se aplica la ley del talión: si un gobierno incurre en prácticas que violan sus compromisos internacionales, los países agraviados pueden responder con aranceles de represalia (un proceso reglado por la OMC y los distintos acuerdos comerciales bilaterales).
Brasil ya procedió a imponer aranceles a productos costarricenses. Canadá está considerando hacer lo mismo.
Finalmente, tenemos el costo de las indemnizaciones a los importadores afectados por las medidas proteccionistas.
En el caso del aguacate, el Estado fue condenado por el Tribunal Contencioso-Administrativo y el monto por pagar podría superar los ¢3.000 millones. Esto también saldrá de los contribuyentes. El proteccionismo es a todas luces empobrecedor.
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