Lo que Edgar Robles denunció en estas páginas el jueves es muy grave y merece la atención de la opinión pública y de los diputados. En su voracidad por recursos, el gobierno pretende meterles el diente a los fondos de pensiones complementarias y, para ello, ha reclutado como cómplices a la Superintendencia de Pensiones (Supén) y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), órganos que se supone deben velar por los intereses de los futuros jubilados.
La ofensiva tiene dos partes. Por un lado, el Conassif emitió un nuevo reglamento que faculta a las operadoras de pensiones complementarias a aumentar del 50 % al 80 % la proporción de sus carteras que pueden ser invertidas en bonos del Gobierno. Eso le permitirá a Hacienda captar ¢1,4 billones adicionales. Se trata de una buena movida para el fisco, pero peligrosa para los ahorristas ante la creciente insolvencia que muestra el Gobierno.
La decisión trae cola, puesto que hace tres años los jerarcas del Conassif y la Supén les solicitaron explícitamente a las operadoras de pensiones incrementar sus inversiones en el Gobierno con el fin de satisfacer “las necesidades” de Hacienda. En ese momento, las operadoras se mostraron renuentes, con un gerente incluso calificando la petición como “una locura”.
De ahí la otra disposición, que es más compleja pero no menos perversa. Con el fin de incentivarlas a darle más plata al fisco, el Conassif y la Supén quieren cambiar la regulación para que las operadoras puedan registrar sus inversiones a costo de adquisición amortizado y no a valoración a precios de mercado. Esto les permitiría ocultar las pérdidas en las que incurran por malas colocaciones –como, por ejemplo, en bonos basura del Gobierno–. De materializarse este cambio, los trabajadores quedarían en la penumbra sobre cuál es el verdadero valor de sus ahorros previsionales.
Los jerarcas del Conassif y la Supén quieren enmascarar el ajuste como un requisito de la OCDE, cuando en realidad todos los miembros de esa organización utilizan la valoración de mercado como norma general para sus fondos de pensiones. Se trata de un vil engaño. En el papel, el Conassif y la Supén son entes independientes, pero con estas movidas confirman que están al servicio de los intereses del gobierno. En juego están nada menos que las pensiones complementarias de 2,2 millones de trabajadores.
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