EscucharQue Costa Rica haya sido formalmente invitada a convertirse en el miembro 38 de la OCDE, más que un logro, es una gran oportunidad a la cual debemos sacar el máximo provecho.
El proceso de adhesión de cinco años tuvo muchas cosas buenas, pero también algunas malas. Entre las buenas, se aprobaron una serie de reformas que tendrán un impacto positivo en nuestra gobernanza institucional y económica.
Por ejemplo, se le otorgó más independencia al BCCR y se emparejó la cancha entre bancos públicos y privados al crear un seguro de depósitos. Pero también nos metieron varios golazos que no eran requisitos formales, como el infame registro de accionistas.
A quienes nos interesa la toma de decisiones basada en datos, pertenecer a la OCDE nos somete a un régimen riguroso de estadísticas y mediciones comparativas con los otros 37 países miembros, los cuales son en su mayoría naciones desarrolladas.
De hecho, para acceder al club, tuvimos que pasar por múltiples diagnósticos y análisis que arrojaron información muy útil, pero también incómoda.
Es así como sabemos que, al ser oficialmente admitidos, seremos el miembro con el segundo menor nivel de competencia en sus mercados, solo superado por Turquía.
Seremos el país que más invierte proporcionalmente en educación pública, pero de los que peores resultados obtienen. Además, vamos a ser el miembro que más gasta en remuneraciones para sus empleados públicos como porcentaje de sus ingresos fiscales.
Seremos el país con las cargas sociales más altas de la OCDE, las cuales, según ese mismo organismo, “generan distorsiones en el mercado laboral y ofrecen incentivos para que los trabajadores, en particular los de bajos ingresos, permanezcan en el sector informal”.
Ser parte de la OCDE no nos garantiza nada, así como ser alertados de estas deficiencias no significa que estemos haciendo algo para corregirlas. Pero por lo menos nos sirve para determinar dónde estamos parados y poner cierta presión sobre las autoridades para mejorar nuestras políticas públicas e instituciones.
Lo óptimo sería que, en el mismo espíritu globalista de unirnos a clubes de naciones que promueven mejores prácticas, la administración Alvarado también acepte la invitación que nos hizo la Alianza del Pacífico en el 2014 para convertirnos en su quinto miembro. ¿Será?
El autor es analista de políticas públicas.
