Juan Carlos Hidalgo. 23 febrero

Solo en Zapote sabrán los motivos que los llevaron a crear la ahora infame Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual, al parecer, lleva año y medio operando. ¿Se trataba de un esfuerzo sano por aplicar la ciencia de los datos a la elaboración de políticas públicas, como argumentó el presidente? ¿O fue un fallido proyecto orwelliano para concentrar información de los costarricenses en la Casa Presidencial con fines políticos? La respuesta depende de cuánto beneficio de la duda queremos darle a este gobierno.

Así como dio marcha atrás a la UPAD, debe desistir de la extinción de dominio, del reglamento del INVU y la eliminación del secreto bancario.

En el mejor de los casos, se trató de una monumental chambonada de la administración Alvarado. El decreto de la UPAD tiene dos aspectos que generan suspicacias. Uno es que la unidad responda directamente al presidente, sin que la información y los datos generados nutran el trabajo de otras instancias encargadas de diseñar políticas públicas, como el Mideplán. En esto, parece tener un diseño organizacional similar al de la DIS, la policía política. El otro aspecto por el cual encendió alarmas fue la estipulación de que la UPAD tendría acceso a “toda información”, incluso de carácter confidencial. Esto es, a todas luces, ilegal e inconstitucional. ¿Se puede ser tan torpe al redactar y firmar tal despropósito?

Debemos analizar el fiasco de la UPAD en su debido contexto: el Ejecutivo está metiendo el acelerador a una serie de iniciativas que embisten pilares del Estado de derecho, como los derechos a la intimidad y al debido proceso, y la protección de la propiedad privada. Se trata del proyecto de ley de extinción de dominio, el reglamento del INVU para obligar a los dueños de propiedades a ceder el 10 % de sus terrenos a las municipalidades a la hora de segregarlos y eliminar el secreto bancario.

Sería exagerado decir que la administración Alvarado quiere convertirnos en una Venezuela. Pero los peligrosos cambios legales pretendidos han sembrado desconfianza en la población, pues confirman que estamos ante un gobierno que pretende socavar libertades individuales. A pocos meses del inicio de su “segundo tiempo”, Zapote urge un cambio de rumbo. Así como dio marcha atrás a la UPAD, debe desistir de la extinción de dominio, del reglamento del INVU y la eliminación del secreto bancario.

El autor es analista de políticas públicas.