E l Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cerrará su Contraloría de Servicios, un despacho ideado para facilitar la presentación e investigación de quejas. Oficinas similares fueron creadas a lo largo y ancho de la Administración Pública, hace ya varios años. El motivo de la clausura no es la falta de denuncias, porque los clientes las presentan por decenas de miles, según admite la institución. La medida tampoco se enmarca en un plan de austeridad, pues los 22 funcionarios de la Contraloría serán trasladados a otras dependencias del ICE.
Según el Consejo Directivo, otros despachos recibían más quejas que la unidad especializada, lo cual pone en duda su utilidad. Los directores también pidieron a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informar, en 30 días, sobre las labores de su propia Contraloría de Servicios.
La Defensoría de los Habitantes hará un estudio para precisar las repercusiones de la decisión. Vale la pena hacer el examen y extenderlo a otras entidades donde las contralorías todavía son parte del organigrama. Si, en efecto, como dice el ICE, las quejas pueden manejarse por otros medios, la creación de los despachos especializados no pasó de ser una ocurrencia para engrosar la burocracia. En ese caso, el ICE deberá explicar por qué el cierre de la oficina superflua no reducirá su planilla.
Hay en la Administración Pública una inercia que impide frenar el desperdicio. Los puestos de trabajo se convierten en un derecho no importa si satisfacen la necesidad invocada para justificar su creación. Si el ICE logró manejar 143.900 reclamos entre el 2014 y el 2015, la mayoría de los cuales no pasaron por la Contraloría de Servicios, hay otros departamentos con la capacidad suficiente para ejercer las funciones de atención de quejas y no se entiende la retención del personal del despacho clausurado.
Ahora bien, si la independencia y especialización de la Contraloría de Servicios agrega valor, la Defensoría debe cuestionar el cierre. Según el Ministerio de Planificación, las contralorías tienen facultades, más allá de la atención de quejas, para ocuparse del mejoramiento de la gestión y la buena calidad de las prestaciones. Es posible que esas labores, y la defensa del usuario le resulten molestas a la administración, en cuyo caso no extrañaría una deliberada política de excluir a los contralores de la recepción de quejas para luego señalarles su ineficacia.
En cualquier caso, el cuestionamiento a las contralorías plantea la oportunidad de examinar algunos aspectos esenciales del aparato estatal.
Armando González es director de La Nación.
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