26 junio

La investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) raya en lo irrisorio: la pérdida de la grabación de la entrevista hecha al presidente en un teléfono celular, los errores del magistrado Jesús Ramírez en la audiencia solicitada por la defensa del presidente y la oportunidad para la muy mediática fiscala general se pusiera una flor en el ojal, aunque sea entrando a la Casa Presidencial con despliegue de policía armada.

La Defensoría debe ocuparse de los trabajadores de las plantaciones y las empacadoras, quienes viven hacinados en baches, expuestos al contagio y a convertirse en agentes de infección, tolerados por los inspectores de Salud y Trabajo a quienes solo la pandemia obligó a salir de San José.

La figura del ombudsman ha sido más bien pálida. Las pesquisas llevadas a cabo por petición de la parte investigada, por excesos o ausencia de acción de las instituciones, no ejercen sobre la administración pública una verdadera coerción que produzca resultados tangibles. Nos demuestra lo rudimentario de sus procedimientos.

La Defensoría de los Habitantes en sí no es mala, pero es una institución que corresponde a otra realidad social, política y económica. Es una institución funcional en sociedades donde hace mucho resolvieron los lacerantes problemas que aquí nos agobian, como la pertinaz pobreza.

Aquí solo sirve para devorar los exiguos recursos que podrían destinarse a mejores y más urgentes fines. El presupuesto anual de la Defensoría, de unos ¢7.000 millones, es mejor invertirlo en ayudas para las madres adolescentes, para las mujeres jefas de hogar y viviendas para quienes habitan en los precarios.

Otra de las reformas que urgen es cómo se elige a los magistrados. Jesús Ramírez renunció a la presidencia de la Sala Tercera, pero no a la magistratura, donde ha permanecido 32 años. Es cuestionado desde hace mucho tiempo, pero los diputados, por acción u omisión, lo han perpetuado en el puesto.

Necesitamos reformar también la forma como se elige a los diputados. Ellos son, en primera instancia, los responsables de la situación. ¿Será el coronavirus el gran reformador?

Leonardo Morales Castro, Santa Ana

En línea o por correo

Desde hace 13 semanas, aproximadamente, el Registro Civil no extiende certificaciones en sus instalaciones, solo por correo o en línea, lo cual conlleva un pago muy alto en relación con lo que costaba obtenerlas de forma presencial. ¿Por qué, si brindan otros servicios en las oficinas, este no?

Javier Morelli Astúa, Mata Redonda

Comisión del 4 %

En días pasados vi en un reportaje que la acuñación de monedas sale más cara que la moneda misma. A raíz de eso, saqué el dinero de mis alcancías para depositarlo en mi cuenta del Banco Popular y me cobraron una comisión del 4 % del monto.

Además de lucrar con el dinero de nuestras cuentas, el Banco Popular me cobra por devolver las monedas. Increíble.

Julio Madriz Valverde, barrio México

Respuesta del ICE

En atención a la carta de María M. Aragón González (23/6/20), informamos de que el servicio se encuentra funcionando correctamente desde el 22 de junio. La infraestructura de telecomunicaciones sufrió daños debido a la tala de un árbol en el residencial donde ella vive, por lo que hubo que efectuar un gran trabajo para restablecer los servicios en el menor tiempo posible. Agradecemos la comprensión.

Francisco Murillo, Infraestructura y Telecomunicaciones del ICE

Cierre necesario

El acuerdo del Consejo Superior de Educación para proceder con el cierre del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar es acertado y oportuno.

En cuanto a educación abierta de jóvenes y adultos, el Ministerio de Educación (MEP) tiene funcionando, en forma dispersa y descoordinada, varias modalidades parecidas, en algunos casos con poca matrícula, que hacen lo mismo a un alto costo y con un duplicado uso de recursos; además, brindan a los estudiantes un servicio educativo deficiente y de poca calidad.

En estos tiempos es necesario que el MEP fusione esos sistemas, los fortalezca y los mejore. Contar con menos modalidades educativas, pero bien organizadas y eficientes, que den un servicio de calidad, es preferible a tener muchas improvisadas a un altísimo costo y sin beneficio para el estudiantado.

La educación de jóvenes y adultos requiere una reingeniería técnico-curricular y administrativa que no sacrifique la calidad por la cantidad.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

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