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Desde 2010, las municipalidades poseen una normativa que les permite crear empresas público-privadas, con capacidad para construir obra pública y gestionar proyectos con una eficiencia mayor que la que podrían alcanzar por sí mismas.
Desde 2010, las municipalidades poseen una normativa que les permite crear empresas público-privadas, con capacidad para construir obra pública y gestionar proyectos con una eficiencia mayor que la que podrían alcanzar por sí mismas.