Según el abogado del Estado, los directivos pueden participar en la discusión y votación de asuntos ‘macro’, aunque estos incidan en familiares, sin que ello configure un motivo de abstención.
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Con este pronunciamiento, la Dirección General de Tributación se queda sin un mecanismo para determinar la actividad o inactividad de las sociedades, lo cual es clave para el pago del nuevo tributo a personas jurídicas.
La Procuraduría General de la República ratificó que cualquier servicio de transporte remunerado de personas requiere de un permiso o una concesión autorizada por el Estado.