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Panamá aprobó una ley para combatir el blanqueo de capitales con la que espera salir de una lista gris internacional, lo que ha afectado los negocios de su renombrado centro financiero con instituciones de Estados Unidos.

El proyecto de “Ley de Extinción de Dominio” sería inconstitucional y violaría la Convención de la Protección de los Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica, según el criterio del Colegio de Abogados de Costa Rica.