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Cada vez que un director de escuela o colegio envía al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe con datos alterados de matrícula, obliga al Estado a presupuestar ¢1,2 millones anuales por cada estudiante inventado.
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El MEP hizo una auditoría a 1.311 escuelas y colegios en 2012. Detectó matrículas alteradas de peso en 27 centros, pero Leonardo Garnier, ministro de Educación, afirma no tener pruebas para que alguno de esos casos vaya al Ministerio Público.
Cuatro directores de centros educativos que figuran en un informe de auditoría donde el Ministerio de Educación Pública (MEP) los señala por alterar matrículas, negaron hacerlo para recibir algún beneficio y culparon del error, más bien, al MEP.
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