Cada vez que un director de escuela o colegio envía al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe con datos alterados de matrícula, obliga al Estado a presupuestar ¢1,2 millones anuales por cada estudiante inventado.

El MEP hizo una auditoría a 1.311 escuelas y colegios en 2012. Detectó matrículas alteradas de peso en 27 centros, pero Leonardo Garnier, ministro de Educación, afirma no tener pruebas para que alguno de esos casos vaya al Ministerio Público.

Por cada 100 alumnos inscritos en escuelas y colegios públicos hay seis que existen solo en papel, en el reporte anual de matrícula que envían algunos directores al Ministerio de Educación Pública (MEP).