EscucharLa decisión del Ministerio de Hacienda de no transferir ¢10.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), como estaba estipulado en el presupuesto del 2023, impidió construir casi 1.000 viviendas destinadas a familias en situación de pobreza o pobreza extrema.
La información fue confirmada por Guillermo Alvarado Herrera, representante del sector privado en la Junta Directiva del Banhvi.
La omisión en la transferencia, según Alvarado, privó a 968 familias de bajos recursos de la oportunidad de acceder a bonos de vivienda, afectando a aproximadamente 3.872 personas sin hogar. Además, esta situación impidió crear 3.700 empleos para personas que habrían laborado en la construcción de esas viviendas.
El 8 de diciembre, por medio del oficio MH-DM-OF-1966, Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, le informó al Banhvi que no podía desembolsar los ¢10.000 millones debido a la “difícil situación económica” del país; recordó que el Poder Ejecutivo mantiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El jerarca omitió señalar si en los próximos meses hará el depósito.
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En promedio, una vivienda de interés social tiene un área de 44 metros cuadrados. Esa política pública es para muchas familias costarricenses la única forma de obtener un techo propio. (Banhvi)
Los ¢10.000 millones para el Banhvi fueron aprobados por los diputados en el presupuesto nacional 2023 como una forma de compensar el recorte de ¢21.561 millones planteado por el gobierno para esa institución. Los recursos avalados por los legisladores no se pueden destinar a otro objetivo, pues fueron incluidos en los fondos del Banhvi para viviendas de interés social.
El 7 de febrero pasado, la Junta Directiva del Banhvi envió un oficio a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa en el que se queja de la resistencia de Acosta para transferir los fondos y señala que con esa actitud está “incumpliendo la voluntad expresada por la Asamblea Legislativa”.
Los directores también cuestionan el argumento de Acosta de que hay una “difícil situación económica”, pues, alegan, los indicadores fiscales del país mejoraron e incluso superan los compromisos adquiridos por el FMI, por lo que no se explican la respuesta del ministro.
Alvarado también llamó la atención sobre el presupuesto integral del banco, pues registra cinco años consecutivos con recortes de los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Según el Banhvi, en 2024 dejaron de percibir otros ¢34.570 millones provenientes de Fodesaf. Se trata de dinero que debió destinarse al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) para la construcción de casas de interés social, por disposiciones legales.
No contar con ese presupuesto impidió la construcción de 3.346 viviendas más, equivalentes a 142.000 metros cuadrados y 12.800 empleos no generados. Los recortes de transferencias de Fodesaf al Fusovi suman, en los últimos cinco años, ¢114.980 millones.
Los cálculos del Banhvi establecen que con ese dinero se podrían haber levantado 11.130 viviendas de interés social y creado más de 42.000 puestos de trabajo.
De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la Creación del Banhvi, el Fosuvi se alimenta, al menos, de un 18% de los ingresos del Fodesaf.
Alejandro Pacheco, diputado jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó, en noviembre, un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo por redireccionar los recursos destinados en el presupuesto ordinario del 2023 del Banhvi a otros destinos.
Para Pacheco, este caso evidencia el abandono de la inversión social por parte del Gobierno.
Caída histórica
Datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) muestran el deterioro de las políticas para dar vivienda digna a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Según esa entidad, 2022 y 2023 fueron los años en que menos metros cuadrados (m²) de vivienda de interés social se tramitaron en toda la historia.
La Administración de Proyectos en Construcción (APC), plataforma en la que registran las obras para su aprobación, contabilizó en 2022, 347.902 m² de construcción y, 400.854 m² en el 2023. Esas cifras distan mucho de años anteriores, pues entre 2018 y 2021 el promedio de m² para viviendas de interés social fue de 512.495.
Los datos relacionados con bonos de vivienda aprobados y otorgados a familias en condición de pobreza o pobreza extrema en los últimos dos años también muestran un descenso importante.
En 2022, el Estado entregó 8.369 bonos, la cifra más baja en 23 años; en 2023 otorgó 8.222. Esos números son muy lejanos al promedio de años anteriores, en los que se llegaron a dar hasta 12.000 bonos.
Es decir, el año pasado se habrían entregado en total 9.190 bonos de no ser por la negativa de Hacienda a realizar la transferencia.
‘Desmantelamiento de la inversión social’
Este 27 de febrero, siete diputados de Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) denunciaron al ministro de Hacienda ante la Contraloría General de la República (CGR), por un aparente recorte de ¢62.000 millones en los recursos que, por ley, el gobierno debe trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para financiar las ayudas sociales.
Para los legisladores hay un “desmantelamiento de la inversión social”.
Aparte de los bonos de vivienda, también hay preocupación por la reducción de recursos para programas dirigidos a estudiantes pobres. Para la Defensoría de los Habitantes hay un “sometimiento” de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, a las disposiciones de Hacienda, de ahí que el presupuesto para esa cartera sea el más bajo con respecto al producto interno bruto (PIB) en una década.
“Lo que no dicen es que hay menos niños en el sistema porque no van, porque no tienen posibilidades de recurso por parte del Estado, como becas, alimentación, transporte. Prácticamente, los estamos expulsando del sistema educativo, no solo están en situación de vulnerabilidad sino también de exclusión”, aseveró Geovanny Barboza, vocero de la Defensoría.
La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
El porcentaje de pobreza total equivale a 390.000 hogares.
