Banhvi eleva tono contra Ministerio de Hacienda: Incumple con recursos asignados
Diputado Jonathan Acuña afirma que Nogui Acosta está definiendo la política social del país
El condominio Las Trojas, en Sarchí, fue inaugurado este año y recibió a 84 familias. La construcción de torres verticales para vivienda social ha sido una tendencia en los últimos años. Fotografía:
Casas de bien Social El país enfrenta un deterioro en sus políticas para dar vivienda digna a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según muestran los datos de los últimos dos años. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)
La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) acusó al Ministerio de Hacienda de incumplir la voluntad de los diputados, por no girar los ¢10.000 millones adicionales que la Asamblea Legislativa incluyó, en el Presupuesto Nacional 2023, para el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi).
En un oficio dirigido a las jefaturas de fracción del Congreso, los directivos informaron de que no recibieron los recursos a pesar de las gestiones efectuadas por el Banhvi y de que los indicadores fiscales del país “mejoraron y sobrepasan, incluso, los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (FA), reportó este martes el contenido de la nota en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.
El parlamentario aseguró que se está llegando a un grado de “desesperación” porque, si bien las bancadas de oposición pueden aprobar asignaciones presupuestarias para los programas sociales, “el propio gobierno se niega a utilizar esos recursos”.
Acuña cuestionó que el Ministerio de Hacienda esté dictando los lineamientos para atender a las personas en pobreza. “El que define la política social de este país es Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, y eso no tiene ningún sentido”, dijo.
Para el frenteamplista, la visión del gobierno es “austericida”, pues, en su criterio, están “dispuestos a sacrificar la dignidad y la decencia de miles de personas de este país” en el nombre de la austeridad fiscal.
Este medio solicitó criterio al ministro Acosta, pero, al cierre de esta publicación, no se había obtenido respuesta.
Oficio no giro Fosuvi Copia del oficio enviado por la Junta Directiva del Banhvi a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, informando de que los recursos no fueron girados por el Ministerio de Hacienda. Foto: Cortesía Frente Amplio
Deterioro en resultados de vivienda
Datos recientes evidencian el deterioro de las políticas para dar vivienda a personas en condición de pobreza o pobreza extrema. En los años 2022 y 2023, se registró un descenso en las cifras relacionadas con bonos de vivienda aprobados y otorgados.
En el 2022, el Estado entregó 8.369 bonos y, en el 2023, otros 8.222. Esos números están muy lejos del promedio de años anteriores, en los que se llegaron a dar hasta 12.000 bonos, según informó La Nación el pasado 11 de febrero.
Marianela Morales, vocera del Banhvi, indicó a este medio que la principal razón de la disminución está en los recortes presupuestarios al Fusovi, experimentados desde el 2020.
La principal fuente de financiamiento del Fosuvi es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Según la funcionaria, desde el 2020, se redujeron las transferencias hacia el Banhvi hasta llegar a los niveles más bajos desde 1999.
El Fondo de Subsidios para la Vivienda pasó de tener ¢120.700 millones en el 2020 a ¢97.200 millones en el 2023.
De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la Creación del Banhvi, el Fosuvi se alimenta, al menos, de un 18,07% de los ingresos del Fodesaf.
Otras fuentes de financiamiento de Fosuvi son las transferencias de la Junta de Protección Social y el impuesto a las casas de lujo.
El dinero de Fosuvi se distribuye entre las 30 entidades autorizadas por el Banhvi para gestionar bonos de vivienda, entre las que están Grupo Mutual, Fundación Costa Rica-Canadá, Coopenae y Coocique, entre otras.
Igualmente, los años 2022 y 2023 fueron en los que menos metros cuadrados (m²) de vivienda de interés social se tramitaron en toda la historia del país, según datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
La Administración de Proyectos en Construcción (APC), plataforma en la que registran las obras para su aprobación, contabilizó en el 2022 un total de 347.902 m² de construcción y, en el 2023, otros 400.854 m². En cambio, el promedio anual del 2018 al 2021 fue de 512.495 m².
