¿Son factibles las propuestas de los precandidatos del PLN para salvar las pensiones del IVM?

Las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyas reservas están en riesgo de agotarse, constituyeron uno de los temas principales en el debate que protagonizaron los precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN) el 13 de febrero.

Surgieron ideas como destinar parte del impuesto de ventas al fondo de pensiones, entregar ¢250.000 a cada costarricense que nazca o subir la edad de jubilación.

¿Cuán factibles son estas propuestas? Estas son algunas respuestas según autoridades de Pensiones de la CCSS, de Hacienda y de Trabajo, así como un exministro de Hacienda, el estudio actuarial de la UCR, archivos noticiosos y datos del Registro Civil.

Toque aquí el nombre del candidato para conocer lo que dijeron sobre el IVM en el debate y versiones sobre su factibilidad:

Sigifredo Aiza

Antonio Álvarez Desanti

José María Figueres

Rolando González Ulloa

Lo que dijo Sigifredo Aiza:

1- "No es viable el incremento de las cotizaciones para los patronos y los trabajadores. Primero, la persona debe comenzar a cotizar (para el régimen de la CCSS) y, si es empleado, fijarse que el patrono reporte lo que efectivamente usted gana."

Para el gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, no es viable no hacer algo sobre la situación del régimen. Según dijo, es necesario sopesar propuestas para lograr un equilibrio financiero. Las medidas se diseñarían en la mesa de diálogo creada por el gobierno, junto con la Junta directiva de la CCSS. Por su parte, el estudio actuarial de la UCR propuso tomar medidas como subir la edad, reducir los montos de las pensiones o aumentar las cotizaciones de patronos, asalariados y Estado, por ejemplo.

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2- "Yo propongo que, con la ley del impuesto de ventas o del IVA -depende del que esté funcionando-, un porcentaje de ese impuesto vaya directamente hacia la CCSS para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y el régimen de Enfermedad y Maternidad."

Esta propuesta es muy similar al proyecto ley denominado Pensión-Consumo, que está en la Asamblea Legislativa desde el 2012. Para el Ministerio de Hacienda, la iniciativa no es viable tal como está presentada porque incrementaría la tasa del tributo en un punto porcentual, del 13% al 15%, pero destinaría tres puntos porcentuales al fondo de pensiones (expediente legislativo 18.495).

Según Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos, el problema de la iniciativa es suponer que el Gobierno central no perderá buena parte de sus ingresos con la redistribución del impuesto. Según dijo, el proyecto parte de la idea de que la evasión fiscal se reduciría porque el consumidor pedirá factura de todo lo que compre para que un porcentaje capitalice su pensión.

"Que se emita la factura no quiere decir que se esté pagando impuesto, es el primer problema. Tal como está planteada la propuesta, conlleva pérdidas enormes para el fisco", dijo Rodríguez.

En la campaña presidencial previa al 2014, el entonces candidato del PLN, Johnny Araya, propuso el sistema pensión-consumo. Su colaborador Wálter Coto sostuvo que sí es posible aumentar la recaudación. Argumentó que un 42% de las personas con más de 65 años no tenía pensión porque no cotizó y que la mejor forma de solucionar el problema, sin afectar a patrones, asalariados o al Estado, es recaudar recursos a través del consumo para cuentas individuales de las personas en operadoras de pensiones.

Lo que dijo Antonio Álvarez Desanti:

1- "V amos a ampliar la base. Si incluimos a la informalidad, vamos a tener más contribuyentes y con eso enfrentaremos el bono democrático."

¿Es posible ampliar la base de contribuyentes, incluyendo al sector informal de la economía? Sí, ya se ha hecho y se sigue haciendo, dijo el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes. Él expuso que, del 2005 a la fecha, la cobertura del IVM sobre la población económicamente activa (PEA) subió de un 45% a un 63%.

Agregó que la forma de incrementar esa base sería reducir la tasa de desempleo que hoy es de un 10%, así como enfocarse en un 14% de la población económicamente activa que sí podría formalizarse ante la CCSS. "Hay otro grupo, personas mayores a 50 años, que eventualmente no van a tener todos los incentivos (para hacerlo)", dijo Barrantes.

2- "Cuando uno sabe que va a ser presidente, no puede ser populista. Es muy fácil decir lo que la gente quiere oír, pero la realidad es que si la expectativa de vida de los costarricenses sigue subiendo, habrá que discutir también la edad de pensión".

Según el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, hoy la tendencia en todos los sistemas de pensiones del mundo es ir ajustando las edades en función del aumento de la esperanza de vida: ¿Qué pasa si en el 2080, en lugar de que la esperanza de vida sea de 80 años, fuese de 100 años? Fijar un parámetro de 65 años para siempre no es lo que la tendencia de los sistemas de pensiones están viviendo". Asimismo, el estudio de la UCR propone, como una alternativa, subir la edad de retiro a los 70 años.

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3- "Vamos a independizar las pensiones del manejo de la salud, para evitar esos subsidios cruzados entre pensiones y programas de salud."

El gerente de Pensiones sostuvo que habría que analizar esa alternativa, pero no siempre esas medidas de otros países son adaptables a la realidad costarricense.

No obstante, la CCSS ya evalúa la opción de obligar a los pensionados a contribuir al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), pues actualmente el fondo del IVM le subvenciona el servicio a unos 238.000 jubilados.

" Hay países en que el tema de vejez se ve más desde el punto de vista contributivo y también el de invalidez. Pero el de muerte más desde una parte no contributiva", opinó Barrantes.

4- "Vamos a bajar los costos de operación, que hoy consumen prácticamente el 5% de los ingresos."

El estudio actuarial de la UCR pidió reducir el gasto administrativo de la gestión del IVM y reveló que, desde hace 12 años, recomendó bajar los gastos en un 20%.

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Agregó que esa medida no se aplicó y, más bien, el egreso se mantuvo constante. Esta fue una de las razones, junto con el aumento en la cantidad de nuevos pensionados, que detonó la crisis en el principal fondo de jubilaciones del país, según los actuarios. El informe encontró que el costo de la gestión del IVM osciló entre el 4,2% y el 4,6% de la contribución anual al sistema, entre el 2008 y el 2015.

En el 2015, el costo de la gestión del régimen fue de ¢30.000 millones, según los estados financieros del IVM. El principal rubro es la compra de servicios al Seguro de Emfermedad y Salud (SEM), que costó ¢19.000 millones.

Sin embargo, Jaime Barrantes niega que los costos de operación del IVM estén hoy en un 5%. Dijo que esa cifra es el techo al que pueden llegar, pero asegura que, en la actualidad, están apenas por encima de un 2%. Según el gerente, más del 97% de los ingresos del fondo va al pago de pensiones y a la atención médica de los pensionados.

"Son 300 empleados (de la administración del régimen IVM), pero así quede un solo empleado, eso no va a hacer que el problema de sostenibilidad se resuelva", asegura el gerente de Pensiones de la CCSS.

5- "V amos a dar inversiones más rentables para aumentarle los ingresos al fondo."

La gerencia de Pensiones considera esta propuesta como un reto, pero asegura que el mercado interno para las inversiones es muy limitado. Según Jaime Barrantes, aunque la posibilidad de invertir en el exterior ya está aprobada por la junta directiva de la CCSS, la experiencia vista en otras operadoras no es tan alentadora.

"No hemos visto que las operadoras que ya salieron (al exterior) generen rendimientos altísimos. Sí se aumenta la diversificación y reducimos el riesgo país, pero no es cierto que se esté generando riesgos que se diferencien de los internos", explica el gerente.

En cuanto al sector privado, dice que por el tamaño de las empresas nacionales o de los bancos privados, no generan grandes opciones. Añadió que no están dadas las condiciones para hacerlo en obra pública, pues deben crearse mecanismos rigurosos por parte de la Superintendencia General de Valores y de la Superintendencia de Pensiones que abran posibilidades seguras. "Que le garanticen a la institución invertir recursos de manera que generen los intereses y riesgos que la institución espera".

Lo que dijo José María Figueres:

1- "Como vivimos más años, a partir del primer día de gobierno, que cuando nazca un costarricense, le demos su número de cédula y le depositemos ¢250.000 para que empiece a acumular su pensión desde el primer día de su vida hasta su jubilación".

Para hacer esto, el Estado tendría que disponer de unos ¢18.000 millones anuales libres. ¿Por qué? Según el Registro Civil, entre el 2010 y el 2015 nacieron 72.000 costarricenses al año. Si a cada una de estas personas se le asignan ¢250.000 al nacer, el Estado debe contar con ¢18.000 millones.

Por tratarse de una propuesta que no tiene su base en un proyecto de ley en discusión, el Ministerio de Hacienda rechazó referirse a su viabilidad. Se consultó al exministro de Hacienda Guillermo Zúñiga (2006-2009), quien comentó que el principal elemento que se debería definir en esa propuesta es de dónde vendrían los recursos para poder hacer esto.

2- "M áximo de edad para pensionarse: 65 años. "

Mantener en 65 el máximo de edad para la jubilación es algo poco posible, a largo plazo, afirmó el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes. De hecho, entre las propuestas del estudio actuarial de la UCR sobre el régimen del IVM, está la de incrementar esa edad a los 70 años.

"La personas que trabaja 30 años y los cotiza, en todos los escenarios sigue yéndose a los 65. Sin embargo, hay un grupo que cotiza muy poco, que si entra a trabajar a los 40 años y cotiza 25, podría ser que se jubile entre los 65 y los 70", indicó Barrantes.

Pero el gerente reconoce que eso no es sostenible a largo plazo y refirió que la tendencia mundial es ajustar la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida. "¿Qué pasa si en el 2080, en lugar de que la esperanza de vida es de 80 años, fuese de 100 años?", comentó Barrantes. Añadió que fijar un parámetro de 65 años no es la tendencia que viven los sistemas de pensiones en otros países.

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3- "N o a las pensiones de lujo."

Ya se reformó la mayoría de los regímenes que generaron pensiones de lujo. El único que está pendiente es el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

El ministro de Trabajo a. i., Alfredo Hasbum, confirmó que ya se tocaron los regímenes como los de Hacienda, Exdiputados y Magisterio. " El año pasado, se aprobaron cuatro reformas que ya están en vigencia, a menos de que un fallo judicial las frene, y que generan un ahorro de unos ¢17.500 millones anuales", dijo el jerarca. El ahorro se debe principalmente a que se cambió la forma de calcular los aumentos, de manera que se eliminó el alza del 30% anual para exdiputados.

Añadió que los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional carecen de fondos propios; sin embargo, se puede decir que con las reformas, ya se redujo la carga para el Estado.

4- "U n régimen de pensiones que nos apoya a lo largo de la vida; a los cinco años de cotizar, que un joven pueda pedir un préstamo contra el régimen de pensiones para sus estudios; a los 15 años de cotizar, que pueda pedir el 20% de la prima para comprar su casa."

Ya el régimen de pensiones de IVM tiene abiertas líneas de crédito para que sus cotizantes compren vivienda. Pero abrir la posibilidad de préstamos para la educación es un riesgo que, según el gerente de Pensiones, no se puede asumir.

"Una medida como esta, solita, no va a solucionar la sostenibilidad. Dar créditos para estudios se sale de las potestades legales de la institución, por lo que requeriría reformas legales", dijo Jaime Barrantes, quien añadió que con los créditos de vivienda el IVM se asegura una garantía inmobiliaria, lo que no ocurriría en el caso de estudios, por lo que el riesgo es mucho más alto.

Lo que dijo Rolando González:

1- " Mi propuesta es más visionaria e integral. Retomo el proyecto de Walter Coto (...) para reivindicar la propuesta de pensión-consumo, que permitiría con el ahorro que se va haciendo al consumir con ventas o IVA, crear un fondo individualizado, personalizado (...). Esta es una visión novedosa, técnica, que le permitiría al Ministerio de Hacienda llegar a reducir la evasión."

El proyecto de Ley de pensión-consumo de Walter Coto, retomado por diputados en la administración 2010-2014, propone elevar el impuesto de ventas (o al valor agregado) en un punto porcentual, de un 13% a un 14%, y destinarle tres puntos porcentajes al régimen de IVM. Eso dejaría al fisco solo con una tasa del 11% de ingresos por ventas en vez del 13% anual.

La iniciativa, similar a la de Sigifredo Aiza, no es bien vista por el Ministerio de Hacienda en su actual estructura, pues considera que le quitaría ingresos sanos. "Si se saca de la recaudación actual, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. (...) E l efecto neto sigue siendo deficitario y va en contra de las finanzas públicas ", comentó Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda.

Para replantearse el proyecto de ley, el jerarca considera que una opción es incrementar, por ejemplo, un punto porcentual la tasa del impuesto de ventas para dárselo al fondo de pensiones de la Caja, pero no tocar lo que actualmente se recauda para el Gobierno central.

En la campaña presidencial previa al 2014, el entonces candidato del PLN, Johnny Araya, propuso el sistema pensión-consumo. Su colaborador Wálter Coto sostuvo que sí es posible aumentar la recaudación. Argumentó que, en aquel momento, un 42% de las personas con más de 65 años no tenía pensión porque no cotizó y que la mejor forma de solucionar el problema, sin afectar a patrones, asalariados o al Estado, es recaudar recursos a través del consumo para cuentas individuales de las personas en operadoras de pensiones

Según el viceministro de Ingresos, el problema de la iniciativa es suponer que el Gobierno central no perderá buena parte de sus ingresos con la redistribución del impuesto. Según dijo, el proyecto parte de la idea de que la evasión fiscal se reduciría porque el consumidor pedirá factura de todo lo que compre para que un porcentaje capitalice su pensión.

"Que se emita la factura no quiere decir que se esté pagando impuesto, es el primer problema. Tal como está planteada la propuesta, conlleva pérdidas enormes para el fisco", dijo Rodríguez.