Juan Diego Córdoba González. 25 febrero, 2019
El padre Mauricio Víquez Lizano, durante una entrevista con La Nación en marzo del 2012. Fotografía de Adriana Araya.
El padre Mauricio Víquez Lizano, durante una entrevista con La Nación en marzo del 2012. Fotografía de Adriana Araya.

Un mes antes de salir del país, el sacerdote Mauricio Víquez se enteró de los detalles de la denuncia presentada por un joven de 27 años, quien lo acusa de haberlo abusado cuando era menor de edad.

Las autoridades eclesiásticas rechazaron haberle advertido los hechos al presbítero de forma deliberada, sin embargo, reconocieron que el cura sí tuvo acceso al expediente, mediante un protocolo de legítima defensa que aplica al Vaticano a los sacerdotes que enfrentan cargos por quebrantar las reglas de la Iglesia.

La presunta víctima acudió al Ministerio Público a denunciar al cura en octubre anterior y en diciembre presentó el caso ante la Iglesia católica para que el Vaticano decida si expulsa a Víquez de la organización religiosa.

Según la versión de la Iglesia, las autoridades eclesiásticas le consultaron al ofendido si deseaba incorporar la denuncia penal al expediente de pruebas que presentaría al Vaticano contra el cura, a lo que el joven habría accedido.

“Una vez que son recopiladas todas las pruebas, la Santa Sede pide por derecho universal de defensa en el ámbito civil o en el ámbito canónico que el acusado conozca de qué se le estaba acusando.

"Por tanto, por derecho puede tener la posibilidad de conocer las actas, dentro de las actas va la prueba que el ofendido aporta al Tribunal Eclesiástico”, detalló el vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, Alejandro Jiménez.

Fue mediante esta instancia que el sacerdote Mauricio Víquez conoció los detalles de la denuncia penal en su contra, incluso antes de que la vía judicial lo indagara por los hechos de presunta violación sexual contra el menor de edad.

“Esta es la razón por la que él habría llegado a tener noticia de los hechos, no porque se le entregara maledicentemente como una prevención, sino dentro del proceso canónico que sucede en su contra”, dijo Jiménez.

En la denuncia el cura pudo haber detallado la edad del denunciante, quien en setiembre próximo cumplirá 28 años. Será en ese momento cuando la causa por presunta violación sexual prescriba, de acuerdo con el artículo 31 del Código Procesal Penal.

La legislación establece que los delitos sexuales contra menores de edad vencen 10 años después de que las víctimas adquieran la mayoría de edad. Otras dos presuntas víctimas del padre Víquez presentaron un proyecto de ley para modificar esa realidad.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, Mauricio Víquez salió del país el pasado 7 de enero y hasta este lunes 25 de febrero no registra su regreso a suelo costarricense.

Las autoridades internacionales detallaron que el cura registró entrada en Panamá, dos días después habría tomado un vuelo hacia México, en donde la Interpol realiza labores de inteligencia para hallar al cura, acusado de violación agravada.

Además de la denuncia penal, contra Mauricio Víquez pesan nueve quejas canónicas, cuyo castigo máximo sería la expulsión definitiva de la organización religiosa.

A pesar de que desde el 2003 la Iglesia católica recibió una denuncia por presuntos delitos sexuales contra el cura Mauricio Víquez, no fue hasta el 2018 que decidieron suspenderlo de la labor sacerdotal.