Julieta Bejarano Hernández, gerenta corporativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dejará oficialmente el cargo este mes al acogerse a su jubilación, luego de una trayectoria que no estuvo exenta de polémica.
La oficina de prensa del Instituto confirmó que la salida de la funcionaria, de 63 años, se hará efectiva a partir del 30 junio.
Bejarano se va de la institución cinco meses después de ser nombrada en la Gerencia Jurídica Corporativa del Grupo ICE, cambio incluido en una nueva reestructuración de la cúpula de la institución que se decidió poco antes del cambio de gobierno.
Por su nuevo cargo, ella recibió un aumento de ₡862.000 con lo cual el salario con que se calculará su pensión quedó en ₡4,7 millones, según confirmó el área de Atención al Cliente del ICE.
Esta será la segunda salida de Bejarano. La funcionaria se acogió a la movilidad laboral en setiembre del 2004 luego de 32 años en esa entidad. Sin embargo, el expresidente del ICE, Eduardo Doryan Garrón, la nombró directora jurídica en el 2010, es decir 5 años y 8 meses después, aunque el estatuto de la entidad establece que un empleado acogido a la movilidad no puede retornar hasta siete años después de su salida.
Durante su tiempo fuera del ICE, fundó en 2005 la empresa Consultores en Infraestructura GIP Limitada, junto con otras cuatro personas. Esta firma recibió contratos relacionados con el ICE por $17,6 millones entre el 2006 al 2012, entre estos como unidad ejecutora de proyectos hidroeléctricos de los cuales el fiduciario es el Instituto.
Para volver a la entidad, Bejarano dijo haber cedido sus acciones (20%) a sus socios, sin que mediara pago alguno. Luego, asumió la Dirección Jurídica y se constituyó en miembro de la Junta de Adquisiciones, que tiene poder de decisión en las contrataciones.
Por esa razón, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público plantearon en 2016 que la conducta de la funcionaria podría constituir una violación al deber de probidad. Los legisladores trasladaron el caso a la Procuraduría de la Ética que, finalmente, rechazó la denuncia y archivó el caso.
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En 2015, Bejarano reconoció ser la responsable de haber decidido mantener el salario de jefes a unos 300 funcionarios del ICE que ya no tenían jefaturas. En entrevista con este diario explicó que esa decisión se tomó al medir el costo-beneficio de eventuales demandas de los trabajadores.
Por ese caso, la abogada María Gabriela Sánchez Rodríguez redactó, en agosto del 2015, un criterio jurídico que sugiere a la entidad rebajar el salario a 300 funcionarios que ganan como jefes, pero que habían dejado de serlo.
Como se negó a la exigencia de variar ese criterio, Sánchez elevó el asunto a la Contraloría General de la República.
La funcionaria alegó que, debido a ese caso, fue despedida. No obstante, su remoción provocó que 12 diputados de cinco fracciones enviaran una carta al entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que investigara la “persecución laboral y política”.
Los diputados apuntaron directamente contra Bejarano Hernández como la responsable del despido de Sánchez, quien fuera jefa de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales.
Al año siguiente, en el 2016, Claudio Dittel, exgerente corporativo de Finanzas y Administración ICE, afirmó que la entidad debería ser intervenida políticamente al señalar un problema de concentración de poder en la toma de decisiones.
Dittel dijo entonces, ante diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, que una "camarilla" tenía al ICE atrapado, en la cual incluyó al presidente ejecutivo, Carlos Obregón, y la directora jurídica, Julieta Bejarano.
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