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El 6 de diciembre del 2010, Reynaldo Rivera, de la Contraloría, informó a la Corte Plena sobre la investigación de la contratación a Indra. | ALONSO TENORIO (Alonso Tenorio)
El Ministerio Público y la Defensa Pública aprobaron las primeras dos fases de la consultoría que le contrataron a la firma española Indra para diseñar un sistema de software y efectuar una reingeniería de procesos que agilizará la labor de fiscales y defensores públicos.
El proyecto se encuentra en su tercera etapa, y se espera que esté completo en marzo del 2012, casi año y medio después de lo que originalmente se pactó con la empresa.
La consultoría se inició en el 2008 y debía finalizar en noviembre del 2010, pero se atrasó por los incumplimientos de la empresa con la entrega de los productos, que fueron rechazados por no cumplir los requisitos exigidos en el convenio.
El proyecto, cuyo costo es de $1,8 millones, le permitirá a la Defensa Pública tener un sistema de gestión para llevar sus expedientes de forma digital. Además, modernizará las herramientas informáticas de que disponen los fiscales para realizar su trabajo.
La institución ya le pagó a la firma $1.027.485 por los productos que hasta ahora ha recibido, informó Rodrigo Arroyo, de la unidad ejecutora del Poder Judicial.
Actualmente, el proyecto está suspendido “debido a la necesidad de atender una serie de correcciones que deben o deberán aplicarse para la consecución exitosa del objeto contractual”, indicó Arroyo
En el 2010, este proyecto fue investigado por la Contraloría General de la República (CGR), que encontró deficiencias en su ejecución y control por parte de la firma y del Poder Judicial.
En ese momento, la Contraloría le recomendó a la Corte Plena analizar la pertinencia de cobrarle a Indra las multas señaladas en la cláusula penal del contrato, debido a sus incumplimientos respecto al cronograma de trabajo.
El Poder Judicial no había cobrado multas tras alegar que solo podía hacerlo en caso de un atraso sobre el plazo total del proyecto, y no por demoras en cada etapa del cronograma de trabajo.
La Contraloría, sin embargo, no compartió ese criterio. “Existe jurisprudencia emitida por esta Contraloría General en la que se individualiza con claridad los alcances de la cláusula penal y la garantía de cumplimiento. Dicha jurisprudencia señala enfáticamente que no se permite aplicar una cláusula penal por el total del contrato”, señaló la entidad en un informe presentado en diciembre del 2010.
A la fecha, la única multa que el Poder Judicial le cobró a la empresa, en noviembre del 2010, es por $2.900, debido al atraso de dos componentes del proyecto.
