El plan de vigilancia con cámaras y radares de velocidad en las carreteras revive en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que comenzó las gestiones para buscar la empresa que asumiría la labor.
En este momento se encuentra en revisión el cartel de licitación luego de que la Junta Directiva de esa institución autorizara el proyecto, aunque todavía no tienen el presupuesto.
Será para el próximo año cuando se incluyan los recursos necesarios, pues podría tratarse de una contratación cuatiosa, informó Cindy Coto, directora del Cosevi, pero sin dar estimaciones. La idea es realizar la contratación en 2019.
Coto insistió en que no se trata de un sistema de cámaras de videovigilancia como el que se implementó en 2011, pues, según ella, va más allá de hacer multas.
“Es un sistema inteligente de transporte que pretende que nosotros podamos tener los radares de velocidad con multas automatizadas como uno de los actores del proyecto, pero tiene radares informativos, tiene la posibilidad de hacer rastreo de placas para otros fines, si alguna otra institución requiere acceso (...) es un proyecto más ambicioso que solo la fotomulta”, explicó.
La intención del Cosevi, ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es que sea más preventivo que represivo.
“Es llevar de la mano al conductor diciéndole a qué velocidad viene y que corrija lo que está haciendo”, expresó la jerarca.
Una vez depurado el cartel, vendrá la etapa de objeciones, apertura de ofertas de empresas interesada y finalmente la adjudicación. Esa decisión deberá enviarse para su refrendo a la Contraloría General de la República.
Como plan piloto se instalarían los primeros dispositivos en la carretera Cañas-Liberia.
Multas con el marchamo
Para revivir el sistema de vigilancia fue necesario resolver primero la forma en cómo serían notificados los infractores que sean detectados por las cámaras.
El mecanismo quedó establecido en el Reglamento para la implementación del sistema de control automatizado para la detección de infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y seguridad vial, N° 9078 , que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de julio del 2017.
De acuerdo con esa normativa, a partir del momento de la captura de la imagen de la infracción, el Cosevi tendrá tres días hábiles para expedir la boleta de citación respectiva.
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Posteriormente, se le deberá notificar al propietario registral del automotor mediante la dirección del domicilio incluida en la base de datos del Sistema de Acreditación de Conductores o el correo electrónico que haya proporcionado al Cosevi.
Una vez notificado, el dueño del carro tendrá 10 días hábiles para presentar la impugnación, si así lo considera.
En caso de que una infracción captada por los equipos automatizados no sea cancelada, esta se incluirá como una notificación en el derecho de circulación del vehículo que se paga a final de año.
Cuando se notifiquen con el monto del marchamo, las multas quedarán en firme 10 días hábiles después del último día para el pago del derecho de circulación (31 de diciembre). Se incluirán en el monto a pagar del siguiente año.
Es decir, si se incluyeran multas en el recibo de marchamo de 2019, estas quedarán en firme pasados los primeros diez días hábiles de enero, siempre que el conductor no los apele. Deberán ser cancelados con el marchamo del 2020.
Actualmente, las multas por sobrepasar los límites de velocidad van desde los ¢52.000 a ¢312.000, según la gravedad de la falta. También se restan puntos a la licencia del conductor y en caso de que se determine conducción temeraria (más de 150 kilómetros por hora) el conductor puede ser remitido a la Fiscalía.
Polémica pasada
El sistema de vigilancia mediante cámaras para control de velocidad que se instaló en setiembre del 2011 duró poco más de dos meses.
Desde el principio el plan levantó una gran polémica, sobre todo, debido a las altas multas por exceso de velocidad. Para entonces, sobrepasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad se castigaba con ¢308.000 y circular a velo cidades entre 120 y 150 kilómetros por hora se sancionaba con ¢411.000.
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El tema fue planteado ante la Sala Constitucional que frenó el cobro de las multas en octubre de aquel mismo año, mientras resolvía la gestión presentada. También se presentó ante ese tribunal reclamos por la notificación, pues el dueño no necesariamente era el conductor infractor y además no todos los propietarios de vehículos tenía registrado un correo electrónico.
Finalmente, en agosto de 2012, el tribunal constitucional resolvió que el sistema de cámaras podía operar siempre que se notificara al conductor. No obstante, para entonces el plan ya estaba paralizado y no se reactivó porque, según el MOPT, no tenían los recursos para asegurar la notificación.
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Desde entonces, se congeló la vigilancia de velocidad con cámaras en las vías.